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La población penitenciaria debería gozar de todos los derechos consagrados tanto en las
normas nacionales, así como en las internacionales que han sido suscritas y ratificadas por
México: sin embargo, esto no sucede siempre (CEDHNL, 2010, p. 6-7).
En cuanto a la mujer, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y
Erradicar la Violencia contra la Mujer se señala en el Artículo 4:
Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los
derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: a. el
derecho a que se respete su vida; b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica
y moral; c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; d. el derecho a no ser
sometida a torturas; e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que
se proteja a su familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el
derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos; h. el derecho a libertad de asociación; i. el derecho a la
libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y j. el derecho a tener
igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos,
incluyendo la toma de decisiones (CIM, 1994, p. 83-84)
Dicha convención es una de las más representativas en cuanto a la defensa de los
derechos de la mujer ya que en la sesión de 1994 de la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM), se generó un documento en el que se asientan los derechos de la mujer y
es adoptado por las delegaciones que forman parte todos los Estados Miembro de la
OEA, pero la realidad para las mujeres reclusas es otra. Sus necesidades básicas no están
cubiertas, tampoco aspectos como educación, trabajo, oportunidades de recreación o el
acompañamiento emocional, entre otros (Moreno, 2014).
La reinserción como propósito principal del sistema penitenciario
Ya en 1780, Jeremy Bentham hablaba de las funciones que la cárcel debe tener: la de
incapacitar al sentenciado de la posibilidad de cometer más delitos; la de rehabilitar y la
de disuadir. A través del tiempo, la justificación constitucional de la cárcel se ha
modificado. En México, encontramos que entre 1917 y 1965, se consideraba que su
principal función era la regeneración del delincuente y, entre 1965 y 2008, su principal
quehacer era el de la readaptación social del delincuente. A partir de la reforma del 2008
al artículo 18, el propósito es el buscar la reinserción social del que delinque y, desde la
reforma del 2011, se incorporó el respeto a los derechos humanos como la base del
sistema penitenciario (Solís, De Buen y Ley, 2013).
Como se expone en el informe 2010 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Nuevo León (CEDHNL), está estipulada la reinserción social en las reformas
constitucionales de 2008, la cual “no consiste en un enunciado programático del derecho
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