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posibles efectos criminógenos de la prisión (Cid, 2009; García Borés, 2003): facilitando
que las personas rompan con el estigma (Calverley, 2013) y reforzando la percepción de
autoeficacia (Maruna, 2001; Hairston, 1988).
El CIDE (2012), por un lado, califica como posible identificar varios de los factores de
riesgo que algunas teorías criminológicas postulan dentro de la Enciclopedia de Crimen
y Castigo, como elementos socio demográficamente presentes entre quienes delinquen
como son: el abandono o negligencia por parte de los padres, bajo nivel de escolaridad,
deserción escolar, incorporación en el mercado laboral a temprana edad, empleo
inestable, consumo de alcohol o abuso sexual por parte de algún miembro de la familia
o procreación temprana. Por otro lado, también aclara que al hablar sobre conductas
delictivas no todo se puede reducir a este tipo de núcleos.
Cabe señalar –distingue el CIDE (2012)-, que, si bien hay teorías que encuentran en estos
factores el origen de las conductas delictivas, también hay otras que señalan que son los sujetos
marginalizados o los que pertenecen a los sectores sociales más bajos, los que tienen mayor
probabilidad de caer en manos de la justicia en tanto que los sectores privilegiados encuentran
con mayor frecuencia la forma de evadirse. Como quiera que sea, no es posible desdeñar las
condiciones de desventaja en las que un buen porcentaje de los internos e internas crecieron, lo
que, sin duda, los ha dejado en condiciones de mayor vulnerabilidad para involucrarse en
actividades delictivas.
A su vez, un estudio sobre delincuencia menor en Bogotá, realizado por la Secretaría
de Gobierno de Bogotá y el Instituto de Estudios Políticos (Guzmán, 2003), de la
Universidad Nacional de Colombia, concluye que una historia familiar marcada por la
violencia y la falta de expresión afectiva, sumada a una situación económica
desfavorable, puede configurar las bases para la emergencia de comportamientos
directamente relacionados con la conducta delictiva del individuo.
Guías de trabajo.
1. Las familias de los internos recluidos en los penales del estado de Nuevo León,
transitan por estados de emergencia alimentaria y condiciones caracterizadas por una
insolvencia económica que les impide acceder a un contexto de vida digno en materia de
vivienda, salud y desarrollo educativo.
2. La economía doméstica de las familias de reclusos ubicados en el sistema
penitenciario de Nuevo León, es mermada por los gastos derivados en el apoyo a su
familiar recluido en la cárcel. El interno, significa para la familia nuevas erogaciones en
materia de costos legales en su proceso judicial, alimentación, salud y, hasta pago de
cuotas para garantizar la “seguridad” física del mismo dentro del reclusorio.
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