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En la actualidad, el área femenina es un apéndice de la de los varones, lo que conlleva
a priorizar las necesidades de los varones e ignorarse las de las mujeres. Son las reclusas
quienes viven el internamiento bajo circunstancias desiguales e inequitativas con
respecto a la población de varones (Briseño, 2006). Aunque, dicho sea de paso, en ambas
áreas prevalecen condiciones que no garantizan la seguridad ni una vida digna de los y
las internas.
La prisión es un espacio construido por hombres y para hombres. Ahí las mujeres
sobreviven como un apéndice invisible y permanecen en silencio mientras su sufrimiento
queda oculto detrás del reconocimiento formal de igualdad (Cavazos citado por Salinas,
2014, p. 8).
El marco jurídico penitenciario fue elaborado pensando en el delincuente masculino,
al igual que la infraestructura de las cárceles y el sistema de disciplina al interior del
reclusorio (Moreno, 2014).
La mujer, cuando es acusada de un delito, es juzgada doblemente, en el nivel real y en
el simbólico; en el que bajo un sistema social sexista se le considera como la depositaria
y guardiana de la moral y se espera que sea sumisa y buena; por lo que ella debiera ser
la víctima y no la victimaria. Cuando una mujer transgrede las leyes, también está
transgrediendo los mandatos impuestos a su género (Salinas, 2014). La situación aquí
señalada obliga a la mujer privada de su libertad a purgar tres castigos: el encierro;
establecido por el delito que cometió, la recriminación social; por haber sido moralmente
débil y el vivir en condiciones infrahumanas durante su condena (Moreno, 2014). Esto
último impuesto por un sistema carcelario corrupto e insensible.
La gran mayoría de las reclusas provienen de un estado de pobreza y difícilmente
terminaron la secundaria, estos dos factores se suman a las razones para ser marginadas;
además de la discriminación correspondiente a la inequidad de género. Salinas (2014)
describe el perfil al que frecuentemente responden las reclusas: suelen ser mujeres
jóvenes, madres, con poca educación y provenientes de familias de escasos recursos y
haber padecido reiteradas agresiones, ya sea desde la infancia o por su pareja actual.
Derecho a una vida digna
En la Constitución se defienden los derechos de la población, de las que forman parte
las personas privadas de la libertad, que debido a su condición, pierden la posibilidad
de libre tránsito y la oportunidad de participar en elecciones populares, pero no otros
derechos que le aseguran una vida digna. El Estado está obligado a respetar, promover,
proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran
detenidas en prisión (CEDHNL, 2013).
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