1 | Regresar al índice

estos núcleos a ser considerados en un esquema de comunicación donde se haga a un
lado el silencio que medios y colectividad, ejercen en la práctica, sobre este punto.
El estudio coincide con los hallazgos de Roenbluth y Krupart (2007) en el sentido de
que, el encarcelamiento de los padres, puede provocar problemas económicos
considerables en una familia. Ambos autores, advierten que muchas familias de internos
son económica y socialmente vulnerables, aún antes del encarcelamiento y, en ello
también se tienen semejanzas con la muestra analizada, en el sentido de bajos sueldos e
ingresos precarios ubicados en la línea que divide oficialmente los límites entre pobreza
extrema y pobreza dentro de la realidad nacional.
Las familias del estudio se caracterizaron también por haber cursado apenas los
niveles básicos de instrucción y en el 50 por ciento de los casos, carecer de vivienda
propia, con una presencia significativa en fenómenos como el abandono escolar, dentro
de los mismos niveles básicos de secundaria y en una más alta proporción, la
preparatoria.
Los resultados también evidencian que la realidad carcelaria impacta sobre los
ingresos de la familia agudizando la pobreza infantil entre los hijos de internos y
convirtiéndola en un esquema de pobreza intergeneracional, tal como establecen las
aseveraciones de Dervia King (2007).
Las respuestas dadas por las familias de personas reclusas en los penales de Nuevo
León, en torno a su deseo de participar más en las tareas de reinserción social, coinciden
en sus posturas con los criterios expresados dentro de la teoría del apoyo social,
encabezada por autores como Wright, Cullen y Miller (Martí y Cid, 2015), donde cobra
especial importancia el papel de la familia para ayudar en la transición de la vida en
libertad, como son cubrir las necesidades básicas de vivienda, manutención y cuidado y
también, pueden ser fuente directa de empleo o canal de inserción laboral.
Los costos individuales, económicos y sociales que la cárcel trae a las familias de
encarcelados, deben ser examinados por el Estado y la colectividad. Es de considerarse
que la no inversión sobre las familias carcelarias golpea de forma directa sobre el capital
social y democrático del México moderno, en uno de sus activos por demás
trascendente: la cohesión social.
Por ello, es aconsejable que tanto el Estado, como el sector privado y la sociedad civil
en general, trabajen en aras de apoyar a estas familias que simultáneamente atraviesan
una serie de esquemas de vulnerabilidad.
Desde la academia, es menester impostergable impulsar de forma urgente la
investigación y los análisis, de estudios donde se profundice las condiciones de vida de
estos núcleos en base al dato científico objetivo y desprejuiciado.
83 | Regresar al índice