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administrativo que postule el buen funcionamiento de la autoridad penitenciaria, sino que es un
derecho subjetivo reclamable por el individuo ante el Estado en la figura del Juez de Ejecución”
(p. 2), por lo que no está a discusión si las privadas de su libertad tienen el derecho a la
reinserción social; la cuestión es la forma en que este derecho puede ser ejercido por el
recluso y la manera en que las penitenciarías están obligadas a garantizarlo.
Lo anterior está plasmado en los Artículos 172 y 173 de la Ley de Seguridad Pública
para el Estado de Nuevo León, en los cuales se establece que debe evitarse en lo posible
la desadaptación social de las personas privadas de la libertad. El Estado debe procurar
la reinserción social del prisionero, de tal manera que se respeten los derechos humanos
a una vida digna; con disciplina donde se asegure el cumplimiento de las normas y al
mismo a tiempo, la conservación de la seguridad penitenciaria con tecnicidad, por lo
que no se buscará no infligir mayor sufrimiento que el resultante de la privación misma
de la libertad; con integridad, capaz de cubrir todas las necesidades de operación para el
cumplimiento de su objeto y fines tales como área femenil, unidades de salud mental,
clínicas de rehabilitación de adicciones, áreas para procesados, áreas para sentenciados;
centros y/o pabellones de alta (CENDH, 2010)
Nada está más alejado de lo anterior que la situación en la que viven los reclusos y
reclusas en Nuevo León, siendo esto no privativo de los centros de reinserción del
Estado. En una entrevista concedida a La Jornada (Martínez, 2013), Maricruz Flores
Martínez, representante del Colectivo Plural de Mujeres contra la Violencia expresa que
la reinserción social de las mujeres privadas de su libertad en México es algo inexistente;
en un estudio realizado por ella se plasma el abandono en el que están las internas del
Centro Preventivo y Reinserción Social de Topo Chico (de aquí en adelante llamado
CEPRERESO Topo Chico).
Condiciones adversas para el logro de la readaptación y la reinserción social
La CNDH, en su informe del 2015 asevera que bajo las condiciones actuales de los
centros penitenciarios, la reinserción social es una utopía, tanto de hombres como de
mujeres. Cuestión en la que concuerda la CEDHNL (2013) que considera que las
condiciones en los que se encuentran estos centros son insuficientes para el logro de la
misma, con base en el trabajo, la capacitación y la educación. En el mismo documento se
menciona que un sistema penitenciario donde no se respeten los derechos humanos de
las personas recluidas, no puede considerarse efectivo, quedando en entredicho el
principio de reinserción.
El estudio realizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo
León (CEDHNL) en el 2013, saca a relucir una serie de anomalías y deficiencias del
CEPRERESO Topo Chico, condiciones que ya habían sido expuestas en el informe del
2010; algunas de ellas son: sobrecupo de internas en las celdas, inexistencia de la
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