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Dentro del mismo, se subraya la importancia de preservar fuertes los lazos como
familia, no sólo porque resulte en la mayoría de los casos, un derecho de los padres
recluidos sobre sus hijos y un factor positivo en la reinserción social de los internos, sino
fundamentalmente porque hasta hoy, en materia de políticas públicas, cuando se habla
del sistema penitenciario se prioriza los aspectos punitivos de la justicia penal y, se
abandona, o se deja a un lado, los derechos que asisten a la familia, particularmente a
los niños y niñas, hijos de encarcelados.
En momentos en que en nuestro país, la seguridad pública es uno de los temas
fundamentales para la seguridad nacional, la motivación principal del presente texto se
enfoca en asumir que dentro de la prevención que bien podríamos llamar “terciaria”,
sobre nuestro tejido social, es necesario –cuando no urgente-, volver la mirada a la
figura de la familia de internos penitenciarios, olvidada y casi impalpable o hasta
invisible, en el ámbito de políticas de desarrollo social.
Como lo expresara Adalist-Estrin (2015), la familia es el arma más valiosa de un país
en la lucha contra la delincuencia. Volver el rostro y con ello, la mirada hacia estos
núcleos, significa no sólo que el Estado mexicano, como garante del desarrollo para
todos, extienda sus políticas a este grupo poblacional sujeto a la vulnerabilidad por
pobreza económica y la estigmatización. También simboliza asumir que la familia de un
interno, tiene derechos no sujetos a ningún tipo de encarcelación y, aun así, presupuestal
y socialmente, hasta ahora, poco y mal hemos sido capaces de columbrarlos.
Las prisiones son lugares de residencia cerrados para más de 200 mil mexicanos y
mexicanas. Las familias de los internos son cientos de miles de personas, erigidas en
células de nuestro tejido social que constituyen un problema de alcance amplísimo a lo
largo del territorio nacional. Ellas, están sujetas a un extenso abanico de necesidades
económicas, laborales, sanitarias, psicológicas y socio familiares.
El objetivo central de este estudio es analizar las condiciones socio-ambientales de
estas familias en el Estado de Nuevo León. Con ello, se busca sensibilizar a las
instituciones y a la sociedad mexicana, sobre los daños que la estigmatización acarrea a
estos núcleos desposeídos y marginados.
En el México del siglo XXI, estas familias viven una pobreza estancada que las lleva a
vivir una emergencia alimentaria; transitar entre la falta de oportunidades laborales
para ellos y para su familiar recluso; afrontar escasas posibilidades para acceder a una
educación integral que les permita arribar a la aspirada movilidad social y, de paso,
padecer una serie de críticas prejuiciosas de las cuales no pueden defenderse porque su
precariedad económica y su invisibilidad social, los frena.
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