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El mundo de las prisiones “es el termómetro que marca el estado social de un país”,
advirtió hace casi 40 años Victoria Kent, republicana jurista y liberal española, al
presidente de la transición política de ese país, Adolfo Suárez.
Aunque Kent, con su larga experiencia en el sistema penitenciario lanzó hacia fines
de los 70s, esta aseveración refiriéndose al saneamiento de las prisiones españolas, la
expresión es vigente en contextos todavía más amplios. Este “termómetro social” debe
extenderse en sus mediciones a las víctimas indirectas del delito aún no contabilizadas:
las familias de los reclusos. Ellas, viven sujetas a un esquema de alta vulnerabilidad por
la incidencia de factores como pobreza, conflictos legales a partir del encarcelamiento
de uno de los suyos y escasa solidaridad social como consecuencia de la estigmatización
y el prejuicio del cual suelen ser objeto.
La salud y la seguridad pública del país reclaman políticas audaces y visiones
progresistas donde se asuma que la familia es origen de múltiples problemas pero
también, fuente fundamental en la solución de conflictos. De ahí, que las instituciones
del país, no pueden postergar más el análisis objetivo y desprejuiciado hacia estos
núcleos, con un termómetro que bajo el amparo de la inclusión, priorice políticas
sociales mediante programas concretos de respaldo para ellos.
Bajo este esquema, el presente documento parte de 151 entrevistas semi
estructuradas realizadas entre los años 2014-2015 a familias de internos recluidos en los
penales de Apodaca, Cadereyta y Monterrey.
Tanto a nivel internacional como nacional, existen múltiples investigaciones de corte
cualitativo y temporales sobre las familias de internos. Este análisis, sin desconocer las
aportaciones que sobre este campo se tienen en ambos contextos, parte del estudio
previo que bajo el título de “Prisión y Familia. Retos Para la Cohesión Social y el Desarrollo
del Siglo XXI”, editó la Universidad Autónoma de Nuevo León (2014).
Las familias de encarcelados, tal como se señala a lo largo del presente estudio,
pueden ser un gran incentivo para el logro de la reinserción social propuesta como meta
en el sistema penitenciario. En este difícil trance, sin embargo, estos grupos viven
también adaptaciones e impactos que la prisión deja en ellos, como una extensión de la
pena purgada por su familiar.
De esto precisamente, trata el presente estudio. Aquí, se muestra cómo las cárceles
tienen costos individuales, económicos y sociales que necesariamente deben ser
examinados por el Estado y la colectividad.
Como apuntan Yela y Chiclana (2008), en 1895, Durkheim escribía que:
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