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procesadas, comenta que todos saben de lo que sucede en el Topo Chico pero, por obvias razones, no hay información oficial al respecto (Martínez, 2013). Esta situación también es vivida en otros penales nacionales, así como el desamparo jurídico. De las mujeres entrevistadas por Marcela Briseño (2006), como parte del estudio para el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 94% de las reclusas dijo haber contado con un abogado o abogada durante su detención, ya sea porque fue asignado o contratado. Sin embargo, sus testimonios evidencian la mínima atención y el desinterés por parte de su defensa durante el proceso; algunas de ellas consideraron a su defensor más como una figura legal del que no se puede esperar que consiga soluciones favorables en el conflicto. Recalca que el 6% de las reclusas entrevistadas no contaron con un abogado o abogada durante su detención; “lo cual es claramente violatorio de una de las garantías individuales básicas”. Por otro lado, la no separación de las reclusas por tipos de delito permite que los que fueron apresados por delincuencia organizada, continúen dentro del penal sus actos delictivos, ahora contra sus propios compañeros; esta situación no es ajena en el área de mujeres. Algunas de ellas aceptan por miedo a ser tomadas como parejas de los cabecillas y, en muchas ocasiones, comienzan a consumir droga y a cobrar “cuotas” a las que no pertenecen o se integran a su “cartel” (Martínez, 2013). La corrupción con la que se mueven algunos individuos insertados dentro de las instituciones públicas mexicanas y la violación a los procedimientos judiciales y penales, desde su detención hasta su internamiento en el CEPERESO Topo Chico queda expuesta en el caso de Marcelina de la Cruz Hernández. En un artículo periodístico, Juana María Nava (2011) cuenta que Marcelina se hizo cargo de la pequeña tienda de abarrotes que tenía en su casa y que atendía su difunto esposo. Cuenta que hace algunos años llegó a su tiendita una persona que se identificó como empleado de la CFE y le dijo que ella debía pagar más por el servicio de electricidad porque tenía negocio y trató de hacer un “arreglo” de su situación; como Marcelina se negó a pagar la extorsión, el empleado molesto le movió al medidor de luz y el siguiente recibo le llegó de cuatro mil pesos. Cómo no podía pagarlos, acudió a las oficinas de la CFE para negociar el pago. La CFE mandó un inspector que detectó una alteración en el medidor, la cual había sido hecha por el empleado que trató de extorsionarla, “mi error fue que no me fijé en el nombre de la persona porque sí traía gafete”, dice Marcelina. A ella la acusan de haberlo alterado el medidor y le es impuesta una multa de 35 mil pesos. Aunque acudió varias veces a la CFE, también fue al Ayuntamiento de Monterrey, a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor y a la Comisión de Derechos Humanos, sus esfuerzos fueron infructuosos. Ya sin servicio de luz pasa el tiempo y fue detenida. 182 | Regresar al índice
Con engaños la llevan al reclusorio diciéndole que tenían una orden para que se presentara a la PGR a hacer una aclaración al juez, y que solo iba y venía. Expresa que aceptó ir “no pensé que me fueran a detener, me hubieran dicho”. “Marcelina nunca tuvo defensa, nunca la visitó el defensor de oficio” escribe Nava en su artículo. Fue condenada a tres años de prisión y con la ayuda de RENACE obtuvo su libertad bajo fianza luego de más de un mes en prisión. METODOLOGÍA Tipo de investigación El presente estudio es de corte cualitativo; las preguntas de investigación del mismo tuvieron como propósito recolectar datos descriptivos que permitieran acercarse a la realidad carcelaria de algunas de las mujeres en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Topo Chico. Población La población que corresponde al estudio son las internas del Centro de Prevención y Reinserción Social de Topo Chico. Muestra La muestra fue elegida por accesibilidad; las entrevistas dirigidas y la Escala de Autoevaluación Zung fueron aplicadas durante el mes de marzo de 2015 a seis mujeres recluidas en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico y la entrevista a profundidad fue efectuada durante el mes de julio del mismo año a una ex reclusa del mismo penal. Delimitaciones Los resultados son derivados de las entrevistas realizadas, lo cual no implica una generalización hacia el sistema penitenciario ni sobre la situación específica de las mujeres en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico. Técnica empleada La técnica empleada fue la de entrevista dirigida y entrevista a profundidad, ambos tendientes a recopilar datos descriptivos. También se utilizó un test estandarizado para medir el estado anímico en las internas. Instrumento Los cuestionamientos guía utilizados para la entrevista a profundidad fueron las establecidos en las preguntas de investigación. Así mismo, se empleó la Escala de Autoevaluación de Zung, instrumento aceptado internacionalmente para medir estados anímicos. 183 | Regresar al índice
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