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Desamparo jurídico y violencia bajo una condición de indefensión
“[…] las internas de Topo Chico: Están abandonadas. Nadie se preocupa por ellas; ni el Estado
ni ninguna organización que haga una investigación sobre la explotación sexual que sucede desde
hace años” expresa Maricruz Flores Martínez, representante del Colectivo Plural de
Mujeres contra la Violencia en una entrevista en un artículo publicado por La Jornada
(Martínez, 2013).
En ese mismo artículo se describe el ambiente hostil en el que viven las internas de
ese centro penitenciario, “las internas están prácticamente secuestradas. Impera la ley de
silencio y miedo”, en el área de visita no es fácil hablar pues hay varios hombres vigilando
las conversaciones, las tienen amenazadas de muerte. Las internas reportan maltratos,
que las desnudan y golpean si se atreven a denunciar, una de ellas expresa: “Todos nos
utilizan. Esta no es vida, es un tormento, un horror”.
El artículo refiere a un calabozo obscuro, sin alimentos, donde las encierran por
varios días, incluso semanas; este lugar no es fácil de detectar, dado que en varias de las
investigaciones sobre las condiciones de este penal no se menciona su existencia. Esto es
una clara violación al Reglamento Interior de los Centros de Readaptación Social y los
Centros Preventivos de Reclusión del Estado de Nuevo León que prohíbe el asilamiento
temporal más allá de 15 días (CEDHNL, 2010).
Así como no sale a la luz fácilmente la existencia del calabozo, tampoco es fácil poner
al descubierto fuera de las paredes del reclusorio la explotación sexual de las que son
víctimas las internas; ni de las extorsiones llamadas “cuotas” que la interna debe pagar
para no ser golpeada y vejada. Minerva Martínez, presidenta de la CEDH en Nuevo
León afirma en el artículo que tienen el conocimiento de tales acciones en ocasiones por
familiares que lo comentan pero no quieren documentarlo (Martínez, 2013).
De acuerdo al estudio sobre la realidad carcelaria que viven las mujeres que están
recluidas en 81 centros penitenciarios:
En 66 centros se presentan irregularidades en la aplicación de los correctivos disciplinarios;
específicamente, existen casos en los que las sanciones no son impuestas por la autoridad
competente, sino por personal de seguridad y custodia e incluso por internas que conforman
el autogobierno.
En el documento también se asienta que existe la imposición de sanciones de
aislamiento por lapsos prolongados, así como la restricción de visita familiar e íntima y
comunicaciones telefónicas (CNDH, 2015).
Por su lado, Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de RENACE, una institución
que defiende a personas inocentes de bajos recursos económicos injustamente
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