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social coincide con lo expuesto por la CNDH (2015) y CEDHNL (2013) que consideran
que la reinserción social como una utopía dadas las condiciones en los que se
encuentras estos centros.
Además, dice que muchas veces se sintió muy estresada y en muchas ocasiones
impotente por no poderse defender, o con mucho coraje por ser castigada injustamente.
Todo lo anterior viola sus derechos humanos.
En la actualidad dice no creer en la autoridad pues vio muchas veces la corrupción
tanto en el personal del penal como en las autoridades que imparten justicia. Las
experiencias narradas por Ely concuerdan con lo expresado por Marycruz Flores,
representante del Colectivo Plural de Mujeres contra la Violencia en una entrevista en
un artículo publicado por La Jornada (Martínez, 2013) en donde enuncia “[…] las
internas de Topo Chico: Están abandonadas”. En este mismo artículo se describe el área
que Ely señala como el lugar en el que la encerraban cuando la castigaban por pelearse,
lugar que no es fácil de detectar ya que las reclusas no denuncian por miedo. Esto es una
clara violación a los derechos humanos y al Reglamento Interior de los Centros de
Readaptación Social y los Centros Preventivos de Reclusión del Estado de Nuevo León
que prohíbe el asilamiento temporal más allá de 15 días (CEDHNL, 2010).
Robertson (2007) menciona que los hijos de los reclusos que son privados de la
presencia cotidiana de los padres son proclives a tener repercusiones emocionales. Uno
de las repercusiones que mencionan es sobre la salud, cuestión que fue expresada por
dos de las entrevistadas. Una de ellas mencionó otra de las repercusiones mencionada
por los autores, las tendencias agresivas que ahora muestra su hijo.
Las entrevistas de las reclusas también muestran impacto sobre los lazos familiares,
reportan que desde su internamiento algunos miembros de la familia, aparte de los
hijos, se han alejado o tienen conflictos unos con otros. Robertson (2007) menciona que
con frecuencia, las relaciones de los hijos con otros miembros de la familia se deterioran.
Organismos como, INMUJERES, México Evalúa, CNDH y CEDHNL entre otras, han
constatado que la reclusa en prisión genera gastos para su familia pues el Estado no
cubre sus necesidades básicas para su aseo e higiene, entre otras. Además, de las
“cuotas” que deben pagar a la delincuencia organizada inserta en la población del penal
para no ser golpeadas (Martínez, 2013).
Esto impacta en la economía familiar, y que, por un lado son una carga extra y por
otro, ellas mismas han dejado de aportar económicamente a sus familias, cuestión que
también mencionan las entrevistadas.
Por otro lado, el que los hijos sean cuidados por otros familiares que no son el padre,
afecta las posibilidades económicas de quién los cuida y de ellos mismos. Incluso, una
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