recuperando el control de nuestras vidas - Instituto de la Mujer

desigualdad en que viven mujeres y hombres. En Andalucía contamos además
con la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y
Protección Integral Contra la Violencia de Género. Según se recoge en su
Artículo 1, esta Ley “tiene por objeto actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones
de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el solo
hecho de serlo. Asimismo será objeto de esta Ley la adopción de medidas para
la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de prevención y
de protección integral a las mujeres que se encuentren en esa situación,
incluidas las acciones de detección, atención y recuperación.”
No obstante, y a pesar de todos estos esfuerzos, la discriminación de las
mujeres es aún un objetivo pendiente de erradicar, y es que tantos años de
educación sexista no desaparecen fácilmente, de tal forma que aún existen
diferencias entre lo que se piensa y lo que se hace, lo que se establece por ley
y la realidad (Hirigoyen, 2006; Martinez Ten, 2007). Como indica el dicho
popular “no se cambian mentalidades por decreto”.
La violencia hacia las mujeres es una realidad antigua que de una u otra
forma sigue afectando a todas las mujeres del mundo, porque tiene su razón de
ser en la discriminación y subordinación social de las mujeres frente a los
hombres. Invisible durante mucho tiempo, ha llegado hasta nuestros días
legitimada y normalizada socialmente por habitual y frecuente. Es desde hace
apenas unas décadas, concretamente a partir de los años 70, con el impulso
del movimiento internacional feminista en su lucha por la igualdad (Bosch,
Ferrer, Navarro, y Ferreiro, 2009; Hirigoyen, 2006), que se perciben cambios,
no tanto en la manifestación de este tipo de conductas violentas, que
desgraciadamente siguen ocurriendo a diario, sino en el rechazo mayoritario
por parte de muchos sectores sociales. Tal es así, que podemos decir que ha
pasado a considerarse problema político, social y de salud, lo que antes eran
solo conflictos de la vida privada. Hoy día se admite que estamos ante una
problemática que ahonda sus raíces en la forma en que se organiza la
estructura social en base al sexo-género y que consecuentemente, implica a
todos los sectores de la sociedad: judicial, sanitario, educativo, etc.
Dejar de considerar el problema como algo propio de la vida privada
para ser considerado como problema social ha sido fundamental para poder
5