Decimosexto informe AnuAl DefensoríA Pueblo

Capítulo 2. Intervenciones defensoriales en temas relevantes—2012 135
discapacidad permanente, tengan más de 65 años de edad para acceder
a dicho beneficio.
3. Porque establece un monto reducido de diez mil nuevos soles como reparación.
Este, además de no haber sido determinado con criterios técnicos,
resulta inferior respecto de otras reparaciones económicas como las entregadas
a los miembros de Comités de Autodefensa (S/. 39,000.00) o de los
beneficios que reciben los funcionarios y servidores públicos.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, remitimos diversas comunicaciones
al Ministerio de Justicia (Minjus) 252 y al Congreso de la República, 253 para
recomendar la adopción de las medidas correctivas que permitan asegurar una
adecuada reparación a las víctimas de la violencia.
Ante estos cuestionamientos, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la
República el Proyecto de Ley N° 1356/2011-PE, Ley que establece los criterios de
ejecución del Plan de Reparaciones Económicas del Plan Integral de Reparaciones
(PIR), que buscó corregir el criterio de priorización para el otorgamiento de
las reparaciones económicas establecido en el citado decreto supremo.
Nuestra institución recomendó 254 que, además del criterio de antigüedad de
la afectación propuesto, se evaluara la incorporación de los criterios fijados por
el propio Reglamento del PIR (víctimas adultas mayores, mujeres y personas con
discapacidad), así como los casos de personas que padezcan enfermedades graves
y que requieran de urgente tratamiento.
El 15 de enero de 2013 fue publicada la Ley N° 29979, que aunque no tomó en
cuenta la sugerencia de incluir los casos de personas enfermas, facultó al Minjus
para que establezca, mediante un reglamento, otros criterios complementarios.
Reparación a víctimas del terrorismo
(modificar el D.S. N° 051-2011-PCM)
Si bien es importante que se hayan modificado los criterios iniciales para la
entrega de las indemnizaciones, aún está pendiente la tarea de modificar
dos aspectos cuestionables del Decreto Supremo N° 051-2011-PCM, vinculados
con el cierre del RUV y al incremento del monto de la reparación
económica, conforme se acordó en la 115° Sesión Ordinaria de la Comisión
Multisectorial de Alto Nivel (Cman), realizada el 10 de noviembre de 2011.
252 Oficio N° 289-2012-DP/ADHPD, del 7 de diciembre de 2012, dirigido al Viceministro de Derechos
Humanos y Acceso a la Justicia del Minjus.
253 Oficio N° 241-2012-DP/ADHPD, del 9 de octubre de 2012, dirigido a la Presidenta de la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.
254 Idem.