Decimosexto informe AnuAl DefensoríA Pueblo

Capítulo 2. Intervenciones defensoriales en temas relevantes—2012 81
Otro tipo de conflicto social es el generado por asuntos de gobierno local,
que constituye el segundo más frecuente reportado (un total de 20, entre activos y
latentes). Si bien estadísticamente su número no es muy significativo, pues el país
tiene 1,840 distritos y 195 provincias, se trata de un tipo de particular importancia
por la significación que tiene para el desarrollo de la democracia y el avance de la
descentralización en nuestro país. En efecto, en muchos casos los municipios han
visto incrementados sustancialmente sus ingresos por conceptos de canon, sin
que ello se haya traducido, necesariamente, en inversión que mejore la calidad de
vida de la población.
Las causas de estos conflictos van desde el incumplimiento en la ejecución de
proyectos de inversión, especialmente obras de infraestructura, el cuestionamiento
a la falta de transparencia y de espacios de participación (control, fiscalización),
hasta la disputa por el poder local (vacancias, suspensiones), principalmente.
De otro lado, los conflictos por demarcación territorial vienen registrando un
crecimiento sostenido y, desde el presente año, constituyen el tercer tipo de conflicto
reportado más recurrente. Algunas de sus causas son: la atomización del
territorio, la falta de impulso al proceso de conformación de regiones, la ausencia
de una demarcación formal y definitiva del territorio en la mayor parte de jurisdicciones
en el país (distritos, provincias y departamentos). A ellos se suman las
dificultades que presenta el procedimiento de organización y demarcación territorial
en el país, desde el nivel regional donde se inicia, hasta la aprobación de las
respectivas leyes en el Congreso de la República.
Se estima que el 76.8% de los distritos y el 89% de las provincias no se encuentran
debidamente delimitados. 125 El caso más emblemático en esta materia es el
de Puno y Moquegua, que aún está pendiente de resolverse, pese a sus significativos
avances. Este caso revela algunas dificultades aleccionadoras, como: i) la
organización de los equipos técnicos para salir al campo a recoger información
en las mejores condiciones; ii) las presiones de los sectores sociales y políticos por
influir sobre aspectos eminentemente técnicos; iii) la facilidad con que algunos
líderes apelan a sentimientos localistas y iv) la falta de un procedimiento como el
arbitraje que, en determinadas circunstancias, sería más efectivo.
Desde la perspectiva de las competencias legales para atender la conflictividad,
encontramos que el gobierno nacional aparece como el actor estatal llamado
a intervenir en 147 conflictos sociales, lo que representa el 64.8 % del total. De
aquí la necesidad de fortalecer la respuesta del Poder Ejecutivo.
En esta materia hay que destacar que la PCM, a través de la recientemente
creada Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (Onds), haya tomado la
125 Cfr. http://dntdt.pcm.gob.pe/situacion-actual