Decimosexto informe AnuAl DefensoríA Pueblo

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Decimosexto Informe Anual de la Defensoría del Pueblo
del 2012 fueron los conflictos en los que se llegó a graves actos de violencia, en
ellos, 24 personas perdieron la vida, todas ellas civiles y 649 resultaron heridas,
entre civiles, policías y militares.
A través del proyecto «Fortalecer el papel de supervisión preventiva y de
intermediación de la Defensoría del Pueblo en los conflictos sociales del Perú»,
se capacitó a los comisionados y las comisionadas en la protección de los derechos
humanos mediante la realización de dos talleres en prevención de conflictos
socioambientales.
Se logró la generación de espacios de diálogo y/o participación ciudadana
que contribuyen a la reducción de la vulneración de derechos a través de cinco
talleres y cinco reuniones de trabajo con comunidades. Asimismo, se fortalecieron,
mediante diversos talleres, las competencias de los funcionarios públicos
en la protección y promoción de los derechos socioambientales y culturales
para una mayor prevención y/o transformación de la conflictividad social en
las regiones de Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios mediante la realización
de dos talleres.
En el marco del proyecto «Promoviendo la implementación del derecho a la
consulta e información como aporte de la prevención de conflictos sociales en el
Perú» se desarrolló un taller que reunió a más de veinte comisionados y comisionadas,
jefes y jefas de oficinas descentralizadas y a los adjuntos y las adjuntas de
oficinas, para evaluar los mecanismos sobre los cuales la Defensoría del Pueblo
puede intervenir en procesos de consulta previa y realizar su supervisión.
Se identificaron insumos basados en el curso virtual sobre derecho de los
pueblos indígenas como material didáctico auto instructivo para la capacitación
básica sobre derechos de los pueblos indígenas para los comisionados y comisionadas
de la Defensoría del Pueblo.
Se realizó el seguimiento del proceso de consulta del Lote 192 anunciado por la
Presidencia del Consejo de Ministros con la participación de la Oficina Defensorial
de Iquitos. Se iniciaron los estudios para la identificación de medidas administrativas
que puedan afectar los derechos de pueblos indígenas según la cobertura del
Convenio 169 que comprende doce sectores: salud, educación, transporte, energía,
minería, agricultura, gobiernos regionales, mapeo de actores lote 192, autoridad
nacional del agua, cultura, ambiente y Congreso de la República.
La ejecución del proyecto «Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos
regionales y de las organizaciones de la sociedad civil para asegurar la transparencia
en la gestión pública» contribuyó a realizar un trabajo sostenido con
las organizaciones de la sociedad civil de los Gobiernos Regionales de Áncash,
Apurímac, Lambayeque, San Martín y Tacna, a fin de reforzar los conocimientos
en materia de transparencia y promover la participación y vigilancia ciudadana