Decimosexto informe AnuAl DefensoríA Pueblo

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Decimosexto Informe Anual de la Defensoría del Pueblo
Respecto del reclutamiento indebido de menores de edad, si bien esta práctica
ha disminuido, aún se siguen presentando casos de ilegal captación, con mayor
frecuencia en las regiones de Loreto y Ucayali. En este tema, debemos insistir en
el cumplimiento irrestricto de la Ley del Servicio Militar, que, junto con establecer
su carácter voluntario, prohíbe la captación forzosa de personas y señala responsabilidad
en aquellos funcionarios que recluten a menores de edad.
Por otra parte, rechazamos frontalmente el reclutamiento y la utilización de
niños en actividades terroristas, pues contravienen los más elementales principios de
humanidad. En consecuencia, el Estado debe adoptar medidas urgentes para prevenir
la captación, reclutamiento, traslado y explotación de niños, niñas y adolescentes, así
como para su recuperación y atención necesaria hasta su reinserción en la sociedad.
La trata de personas es una grave problemática a la que hemos dado prioridad
durante este periodo, pues la mayoría de sus víctimas son niñas, niños y adolescentes.
Por eso, las acciones del Estado deben orientarse a prevenir y sancionar a los
responsables de este delito, así como al rescate y la reinserción de las víctimas. Por
tanto, puntos de especial preocupación en la agenda pública deben ser: focalizar
los lugares de captación para desarrollar más operativos y patrullajes, garantizar
asistencia legal y protección a las víctimas durante la investigación y los procesos
judiciales y, asimismo, establecer medidas que permitan su total recuperación
física y psicológica.
El Estado tiene aún retos respecto de la documentación de las personas, pues
cerca del 4.6% de la población se encuentra indocumentada. Este constituye un
problema de exclusión social que afecta a las poblaciones más vulnerables, pues las
sitúa en una situación de invisibilidad respecto de las políticas públicas. De hecho,
no hay posibilidad de que puedan ingresar a un programa social o inscribirse en
el SIS, si no cuentan con su documento de identidad.
En cuanto al proceso de reparaciones a las víctimas del período 1980-2000,
los resultados obtenidos no evidencian el cumplimiento integral de la Ley N°
28592 debido al desorden y ausencia de liderazgo en la labor del ente competente
—Cman—, así como a la falta de una voluntad política que permita asignar los
recursos necesarios, modificar el Decreto Supremo N° 051-2011-PCM o encaminar
adecuadamente los programas de educación, salud, promoción y acceso habitacional,
reparación económica, entre otros. En tal sentido, se debe asegurar el presupuesto
necesario para garantizar la ejecución de los programas de reparación,
así como articular las acciones del Gobierno Nacional con la participación de los
gobiernos regionales y locales.
Asimismo, hemos recomendado continuamente incorporar la perspectiva de
lucha contra la corrupción, transparencia y acceso a la información pública como
mecanismos de prevención, monitoreo y sanción en todas las políticas públicas,
alentando no solo a denunciar estos hechos, sino a educar a la población en la