Decimosexto informe AnuAl DefensoríA Pueblo

Capítulo 5. Reflexiones finales 259
prevención de las graves consecuencias que se generan en la vida de todas las
personas. Del mismo modo, consideramos de suma importancia el compromiso
real de todo el aparato estatal para que las acciones, estrategias y medidas adoptadas
a partir del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2011-2016, permitan
obtener los resultados ahí plasmados.
La promoción de la transparencia y el acceso a la información pública deben ser
dos pilares fundamentales para garantizar una gestión estatal moderna, inclusiva,
descentralizada y libre de corrupción, que busque asegurar la plena vigencia de
los derechos de las personas y el eficiente manejo de los recursos del Estado.
En cada uno de los temas sintetizados se pone de manifiesto el necesario
cumplimiento de acciones de parte del Estado para concretar el ejercicio de los
derechos fundamentales de las personas. Ello conlleva, a su vez, a otra importante
reflexión: para hacer realidad los derechos humanos requerimos del adecuado
funcionamiento de la administración pública, lo que exige la participación,
especialmente, de quienes tienen la responsabilidad de la toma de decisiones en
el Estado, para apostar firmemente por una institucionalidad estatal eficiente, y
acometer con transparencia e idoneidad cada uno de los retos esbozados.
Como puede verse, la institución ha continuado activamente con su tarea de
defensa de los derechos fundamentales y de supervisión a la administración estatal,
preservando su autonomía y manteniendo una atención eficiente a la ciudadanía.
Su labor no se ha detenido y, por el contrario, se ha fortalecido. En este contexto,
la Defensoría del Pueblo reconoce la decisión del Congreso de la República y del
Poder Ejecutivo de aprobar nuestra nueva escala remunerativa —congelada desde
su fundación— que permite al personal de nuestra institución contar con salarios
más acordes con su nivel de capacitación profesional y con las remuneraciones
que perciben otros organismos autónomos.
Asimismo, debemos expresar nuestra preocupación por la falta de elección
del titular de nuestra institución, por lo que reiteramos nuestra exhortación para
que, a la brevedad posible, la Representación Nacional agote todos los esfuerzos
necesarios para lograr un consenso transparente que permita la designación de un
profesional con probada independencia, trayectoria democrática y compromiso
sincero con la defensa de los derechos fundamentales. Estamos seguros que una
decisión en este sentido será valorada favorablemente por la ciudadanía.
Creemos firmemente que el Estado puede y debe avanzar en la atención de
los temas ya señalados, pues así como hemos constatado problemas generados
por su mal funcionamiento, también hemos sido testigos de la valía y el esfuerzo
honesto de funcionarios y funcionarias que, honrando las responsabilidades que
se les ha asignado, trabajan con denuedo y constancia para mejorar los contextos
de vida de sus conciudadanos, sin mayor aspiración que la legítima satisfacción
del deber cumplido.