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El art. 72 de la LOGP establece de forma clara que, siempre que reúna las condiciones para ello,
un penado podrá ser situado inicialmente en un grado superior sin tener que pasar necesariamente por los
que le preceden, no debiéndose retrasar su progresión de grado, cuando por la evolución de su
tratamiento sea merecedor de ello.
El tercer grado de tratamiento no es un beneficio penitenciario. Es una modalidad ordinaria de
cumplimento de condena, a la que deben ir destinados, bien inicialmente o cuando su evolución así lo
permita, todos aquellos internos que presenten una capacidad de inserción social positiva.
El fundamento del régimen abierto, va más allá de la simple suavización de penas. El régimen
abierto se configura como un medio importante de apoyo a la socialización de aquellos sujetos, que, en su
trayectoria vital, cuentan con una auto-responsabilidad suficiente que justifique la ausencia de controles
rígidos en el cumplimiento de sus condenas.
En consecuencia, no debe ser concebido como el proceso final de la intervención penitenciaria
para aquellos internos ya adaptados socialmente, sino como el marco desde el que conseguir, más
eficazmente, una intervención comunitaria que potencie las posibilidades de reintegración social.
Son dos los objetivos a alcanzar en el régimen abierto:
de semilibertad.
a) Que accedan al tercer grado todos los penados capacitados para cumplir su pena en régimen
b) Que la práctica totalidad de los penados que acceden al tercer grado finalicen en él su etapa de
cumplimiento previa a la libertad.
• Criterios para la clasificación
a) El tercer grado se propicia y se crea poco a poco. Por ello, desde el momento del ingreso en
prisión, debe contemplarse la posibilidad de cumplimiento en régimen abierto, detectando las carencias o
dificultades para ello y apuntando líneas de intervención que lo posibiliten. Es importante que el propio
interno sea consciente de esta posibilidad. Conseguir de él un grado de compromiso en el cumplimiento de
la pena facilita actuaciones posteriores.
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