libro corregido - OEI

Estándares en Educación 73posibilidades de financiamiento, actuales y potenciales. Es preferible proponersey financiar adecuadamente el logro efectivo de un conjunto reducido de metaspara todos los estudiantes, que proponerse metas demasiado altas que solo podránser alcanzadas por un grupo selecto de alumnos. Lamentablemente, este últimoha sido el caso en la mayor parte de las reformas curriculares implantadas enAmérica Latina en las últimas dos décadas.El movimiento de estándares, por el contrario, propone centrar la atención enmetas alcanzables con los recursos disponibles (asumiendo un mejoramiento en eluso de los mismos) y hacer de esas metas y sus logros progresivos un tema centralen la agenda de debate público sobre la calidad de la educación. El efecto esperado–y logrado en muchos sistemas– es el de movilizar la opinión pública y la demandade la sociedad por mayores niveles de inversión sobre la base de datos einformaciones precisas acerca de los niveles de aprendizajes logrados. Másconcretamente, se apuesta a que los datos de las evaluaciones nacionales de logrosde aprendizajes estimulen un mayor nivel de vigilancia social respecto de cómo seinvierten los recursos para la educación. Es decir, se estimula la participación y laresponsabilización por los resultados, lo cual refiere nuevamente a la dimensiónpolítica de los estándares que mencionáramos al comienzo de este documento.En Estados Unidos, la responsabilidad compartida entre escuelas y Estado por losresultados de aprendizaje ha dado lugar a interesantes polémicas que,frecuentemente, se resuelven por la vía judicial. Concretamente, cuando el Estadoinstala un mecanismo de responsabilización escolar por los resultados deaprendizaje, automáticamente asume para sí la responsabilidad de ofrecer lascondiciones materiales y los recursos profesionales necesarios para el alcance delos estándares. Si el Estado no cumple con esa responsabilidad, los distritos escolarespueden llevar, como, de hecho, ha ocurrido, sus demandas a los tribunales de sujurisdicción. Frente a estas instancias, inéditas hasta hace dos décadas, el PoderJudicial ha tenido que comisionar estudios para calcular el costo de implementaciónde las reformas (por ejemplo, costos de implementación anual por alumno) parapoder emitir un fallo sustentado. Es decir, si el cálculo dicta que el costo mínimode implementación por alumno es de 12.000 dólares anuales, y si la capacidad derecaudación fiscal del distrito no supera los 8.000 dólares per cápita, el Estadodebe financiar la diferencia o, de lo contrario, queda legalmente inhabilitado paraexigir resultados a las escuelas. Como los esfuerzos y costos de inversión son mayorescuando se trata de la educación de poblaciones históricamente desfavorecidas yen condiciones de grave rezago educativo, estos mecanismos de responsabilizacióny cálculo de costos refuerzan el sentido político de equidad que subyace a los