2004 Extracto jurisprudencial tercer trimestre - Corte Suprema de ...

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Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004que el condenado se halle recluido en un centro penitenciario localizado por fuera delcircuito sede de un juez de ejecución de penas.En estas condiciones, carece de trascendencia determinar cuál fue el primer falloejecutoriado o cuál el último, ni el número de condenas, ni cuál de ellas se encuentradescontando el sentenciado, porque sólo dos elementos juegan en la determinación delfuncionario competente para resolver cuestiones derivadas del cumplimiento de la pena:la ubicación del condenado y si en ese lugar existe o no un juez de ejecución de penas ymedidas de seguridad*."...A los efectos anteriores, ninguna incidencia podría tener el hecho de que (...) seencuentre cumpliendo sanción fijada en otro asunto, pues como bien lo recordara el juezcolisionante, la Sala al interpretar el artículo 1° del Acuerdo N° 54 de 1994, expedido porel Consejo Superior de la Judicatura, viene considerando que el "precepto no ofreceninguna dificultad de interpretación. Es claro en señalar que el Juez de Penas competentepara la ejecución de la sentencia, es el del circuito penitenciario y carcelario donde seencuentre recluido el condenado. Y si es trasladado a una penitenciaría ubicada en otrocircuito, por esta sola circunstancia la competencia la adquiere el Juez de Penas radicadoen el nuevo lugar."Y, agregó: "La regla no cambia cuando la hipótesis es de varias condenas y elsentenciado se encuentra descontando una de ellas, como sucede en el caso sometido aconsideración de la Corte. En tal eventualidad, como ya lo tiene definido la Sala**, el Juezde Penas con competencia en el territorio donde la persona se encuentra privada de lalibertad es el competente para conocer de todos los asuntos inherentes al cumplimientode las penas impuestas en los diferentes procesos, donde deba descontarseefectivamente la pena de prisión. De no ser así, no se entendería que a dichosfuncionarios la ley les haya otorgado la facultad de acumular jurídicamente las penas encasos de varias sentencias condenatorias proferidas en expedientes distintos contra lamisma persona (art. 79-2 del C. de P.P.)***.-----------------------------* Auto nov.22/96, rad. 12451, M. P. Juan Manuel Torres Fresneda.** Cfr. providencia del 22 de noviembre de 1996. M. P. Juan Manuel Torres Fresneda.*** Auto sept.17/02, rad. 19.863, M. P. Carlos Eduardo Mejía Escobar.MAGISTRADO PONENTE:DRA. MARINA PULIDO DE BARONAuto Colisión de CompetenciaFECHA : 11/08/2004DECISION: Asigna cto. al Juzgado 3 de Ejec. de penas y med. deTunjaPROCEDENCIA: Juzgado de Ejec. de Penas y Med.CIUDAD: BugaCONDENADO: RODAS PEÑA, HECTOR FABIODELITOS: Fuga de presosPROCESO : 22668PUBLICADA: SiVéase también en Internet: www.ramajudicial.gov.co* * * * * * fin extracto anterior * * * * * *136
Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004EXTRADICION-Documentos anexos-Presunción de autenticidad/ EXTRADICION-Equivalencia de la acusación1. Finalmente, dichos documentos fueron presentados para su autenticación ante laCónsul de Colombia en Washington D. C., señora María de los Ángeles Barraza, comoasí lo constató y lo avaló la Oficina de Legalizaciones del Ministerio de RelacionesExteriores, cumpliéndose con lo establecido por el artículo 259 del C. de P. Civil,modificado por el 1°, numeral 118 del D. E. 2282 de 1989 que dice: "Los documentospúblicos otorgados en país extranjero por funcionario de éste o con su intervención,deberán presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático dela República, y en su defecto por el de una nación amiga, lo cual hace presumirque se otorgaron conforme a la ley del respectivo país. La firma del cónsul o agentediplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si setrata de agentes consulares de un país amigo, se autenticará previamente por elfuncionario competente del mismo y los de éste por el cónsul colombiano", disposiciónaplicable al caso en virtud del principio de integración previsto en los artículos 23 y 513,último inciso, del Código de Procedimiento Penal.2. En el presente caso advierte la Corte que no existe dificultad alguna para concluir quese cumple con el requisito de la equivalencia, contemplado en el numeral 2° del artículo511 del Código de Procedimiento Penal, el cual exige "que por lo menos se haya dictadoen el exterior resolución de acusación o su equivalente".En efecto, el Tribunal de Primera Instancia de los Estados Unidos de América,Distrito Sur de Florida, acusó a Eduardo Eliécer Pineda Arregocés por las conductaspunibles señaladas en precedencia, mediante acto procesal que en nuestra legislaciónequivale a la resolución de acusación, como emerge de las siguientes similitudes, que lastornan equivalentes, mas no iguales, pues corresponden a sistemas judiciales distintos,como lo ha dicho la Sala.a) Es un pliego concreto de cargos en contra de la acusada para que se defienda de ellosen el juicio.b) La actuación procesal subsiguiente es el juicio oral que finaliza con el respectivo fallode mérito.c) Se señalan los hechos, con especificación de las circunstancias de tiempo,modo y lugar en que ocurrieron y la calificación jurídica de las conductas, conindicación de las disposiciones sustanciales aplicables.Por lo tanto, se observa que el pliego de cargos que emitió la autoridad judicial delEstado requirente, es equivalente y tiene la misma fuerza vinculante que laresolución de acusación.137
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