2004 Extracto jurisprudencial tercer trimestre - Corte Suprema de ...

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Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004instituciones en que este tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes departiculares cuya tenencia o administración se le hayan confiado por razón de susfunciones (Artículos 133 del decreto 100 de 1980 y 397 de la ley 599 de 2000).También con palabras de la Corte se podría explicar, que la "apropiación consiste en elejercicio de actos de dominio sobre los bienes, en tanto ellos resulten siendoincompatibles con los términos del comportamiento admisibles según el título quejustifique su posesión o tenencia (Antolisei), Por eso la Corte señaló en algunaoportunidad con palabras que exactamente se cumplen acá que ... el tipo penal definidordel peculado no circunstancia una determinada manera de llevarse a cabo, sino que seconstata con la adquisición de la evidencia de que se dispuso de los bienes y sedesposeyó de ellos a la administración, sin fundamento legítimo alguno."3. El tribunal consideró que las facturas del cobro de servicios contienen créditos que seincorporan al patrimonio de la entidad, por lo cual la acción del procesado se adecua aese tipo penal y lesiona de manera efectiva el bien jurídico de la administración pública, aldesposeer a la administración pública de ellos.No obstante, con el argumento sofístico de que "la apropiación de créditos se materializasolo cuando los documentos que lo contienen pasan a manos de otros que los hacenlegalmente exigibles", lo cual en su criterio no sucedió, el censor pretende desembarazaral sindicado de la responsabilidad que le asiste.La Corte no puede participar de semejante argumento, porque lo que con él se pretendees desviar la atención sobre el concepto de bien (objeto de la acción) a que se refiere eltipo penal, al confundir su noción con la de perjuicio. En efecto, el perjuicio es laconsecuencia que deviene por razón o con ocasión de la ejecución de la conducta,mientras que el objeto de la acción es la persona o cosa material o inmaterial sobre lacual recae la acción del agente. Es otros términos, analíticamente aquel corresponde alámbito de lo antijurídico, mientras que éste al de la tipicidadAdemás, tampoco se puede aceptar que por tratarse de créditos la expresión de bien aque se refiere el tipo de peculado no los contenga, porque las cuentas de cobro (facturas)expresan simplemente el valor de cambio del servicio público prestado (agua o energíaeléctrica), de manera que por esa razón los créditos allí contenidos son parte delpatrimonio de la entidad, dentro de una concepción funcional de la administración públicaque le impone al funcionario los deberes de custodia, administración y tenencia, en elpropósito de no permitir la pérdida, el deterioro ni la apropiación por parte de él ni a favorde terceros.Esto último fue precisamente lo que el procesado propició con su conducta, y al hacerlolesionó el bien jurídico de la administración pública, el cual tiene una expresiónpolivalente, pues al tiempo que tiene como referente los bienes (concepción estática),también protege la función (concepción dinámica), entendida en su relación con el logrode los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad(artículo 209 de la Constitución Política).Si el bien jurídico se entiende como la relación social, prejurídica y dialéctica, vital parasatisfacer necesidades fundamentales, que justamente por su importancia el derechoreconoce y protege (que no crea), entonces, la conducta juzgada afecta materialmente lafunción pública (concepción dinámica), diseñada en perspectiva de que el estado logrehacer efectivo los servicios públicos esenciales (artículo 365 de la Carta Política), lo cualpor supuesto se impide cuando con comportamientos como éstos se trastoca el conceptode cargas públicas, al imponerles a los usuarios en general el costo de las operacionesvertidas en créditos de los cuales otros se apropian por la acción del funcionario corrupto....El censor confunde las nociones y los efectos de los conceptos de objeto material ytipicidad (artículo 10 del código penal), y de bien jurídico y lesividad (artículo 11 idem), tal14
Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004y como se ha expuesto, a partir de una noción que no corresponde al sentido funcionalque es propio de la administración y que permite entender mas allá de cualquierconsideración sobre la naturaleza del crédito desde la perspectiva comercial, que estosson comprensivos del valor de cambio que ellos representan y que por lo tanto son partedel patrimonio del estado desde el mismo momento en que se entregan en custodia,administración o tenencia al funcionario, actividad que como es apenas obvio incluye surecaudo.------------------------* cfr. Sentencia de casación de septiembre 12 de 2003. Radicado 12262. M.P. JorgeCórdoba Poveda.MAGISTRADO PONENTE:DR. MAURO SOLARTE PORTILLASentencia CasaciónFECHA : 08/07/2004DECISION: No casaPROCEDENCIA: Tribunal Superior del Distrito JudicialCIUDAD: CaliPROCESADO: MENDEZ ARCE, HAROLDDELITOS: Peculado por apropiaciónPROCESO : 19582PUBLICADA: SiVéase también en Internet: www.ramajudicial.gov.co* * * * * * fin extracto anterior * * * * * *NULIDAD-Debido proceso/ CAPTURA ILEGAL-No tiene incidencia en el derechode defensa ni en la estructura del proceso/ FALSO JUICIO DE LEGALIDAD-Exigencias técnicas/ TENTATIVA DE HOMICIDIO-Límites de la pena/REDOSIFICACION DE LA PENA-Porcentaje a tener en cuenta en caso deconcurso de conductas1. Cuando se denuncia la vulneración del debido proceso, corresponde al censordeterminar en cuál de los diferentes eslabones concatenados y subsiguientes queestructuran el debido proceso se presenta el irremediable defecto; por ejemplo, en laapertura de investigación, en la indagatoria, en la definición de situación jurídica si a ellohay lugar, en la clausura del ciclo instructivo, en la calificación, en las audienciaspreparatoria o pública, o en los fallos de instancia.En punto de esta causal, corresponde también al recurrente demostrar que lairregularidad cometida durante el desarrollo del proceso e inadvertida en el fallo incide detal manera, que para remediarla no queda ninguna alternativa distinta a invalidar lasdiligencias, y por ello quien así alega debe indicar con precisión el momento procesal alque han de retrotraerse las actuaciones, una vez excluidas las alcanzadas por los vicios.2. No sobra recordar que, aisladamente consideradas, ni la captura ilegal, ni laprolongación ilegal de la privación de la libertad son fuente de nulidad de las actuaciones,por no tener incidencia sobre el derecho a la defensa, ni sobre la estructura del proceso;pues, como ha reiterado la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, los defectos quedan lugar a la nulidad deben ser sustanciales y afectar la estructura del proceso, o lasgarantías fundamentales en modo trascendental. Tales condiciones, relativas a laestructura del proceso y a la garantía del derecho a la defensa no se socavan con lairregular actividad relacionada con la aprehensión del sindicado, ni con la inobservancia15
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