2004 Extracto jurisprudencial tercer trimestre - Corte Suprema de ...

Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004Esto quiere decir que si el término resulta inferior a cinco (5) años se aumenta a cinco yde éste monto se extrae la tercera parte, lo que arroja un total de seis (6) años y ocho (8)meses como mínimo de prescripción para el caso del servidor público.3. No había en tales decisiones una suma líquida ni liquidable de dinero, que al tenor delartículo 491 del Código de Procedimiento Civil no es otra cosa que la "expresada en unacifra numérica precisa" o que por simple operación matemática, sin más deducciones"indeterminadas" pueda hacerse....Por ello, coherente fue la acusación y la sentencia del Tribunal de Bogotá al advertir quecon las solas sentencias surgía claro que el juez no podía soportar el mérito ejecutivo, loque impedía que el funcionario judicial les pudiera otorgar algún valor coactivo, y muchomenos ordenar el mandamiento de pago que de tales supuestos títulos se demandaba, loque no sólo generó la defraudación de la ley sino la posibilidad, tal como se presentó, deque los dineros del Estado fueran a parar en manos de terceros.4. Para la fecha de los acontecimientos que ocupan la atención en este caso, se contabacon pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en fallo del 3 de octubre de 1991,que al abordar la demanda de inexequibilidad parcial del artículo 74 de la Ley 46 de 1990,expuso:"Lo anterior quiere decir que de todas maneras continúa vigente y en plena aplicacióntanto el artículo 74 de la Ley 46 de 1990 en la parte no declarada inexequible como elartículo 16 de la Ley 38 de 1989 -declarado ajustado a la Carta por sentencia No. 44 de22 de mayo de 1990- en cuanto consagran la inembargabilidad de "las rentas" y"recursos" incorporados al Presupuesto Nacional, entendiéndose estos dos términos ensu sentido de la Hacienda Pública a la cual pertenecen y que está dado en la misma Ley38. Y comprendiéndose obviamente dentro del concepto "rentas" y "recursos" los bienesen que unas y otros se materializan en cada caso. Las entidades oficialescorrespondientes certificarán en su momento sobre si se trata de casos de "rentas" o de"recursos" del Presupuesto Nacional cuando se quiera hacer efectiva lainembargabilidad".Quiere decir lo anterior que a pesar de la expresa voluntad del legislador y lasorientaciones jurisprudenciales, se desconoció la restricción al embargarse las cuentasestatales y ordenarse la entrega a la parte demandante.5. Cabe concluir que la conducta se enmarca en el delito de prevaricato por acción que sereunió en todos y cada uno de los actos que edificaron el proceso ejecutivo, es decir,cuando se profirió mandamiento ejecutivo, se decretó el embargo de dineros de la Nación,se aprobó la liquidación presentada por la parte demandante y ordenó la entrega de estosrecursos de carácter oficial a favor de los apoderados de los demandantes, lo queigualmente convergió en la estructuración del delito de peculado por apropiación a favorde terceros, como quiera que el destino final lo fue el sustraer de las arcas de la Nación lasuma finalmente estimada en $1.232.749.258, así se haya logrado a través de dosentregas, la inicial de cuatrocientos millones de pesos y la segunda por valor de$832.749.258.Al efecto, valga recordar que el delito de peculado dentro de los elementos normativosque señalaba el decreto 100 de 1980 y que en la actualidad permanecen en la ley 599 de2000, consagra la posibilidad de que la apropiación de los dineros del erario público seanen provecho de un tercero, tal como sucedió en este caso cuando un juez de la Repúblicaa través de actos eminentemente prevaricadores impulsa y lleva a término un procesojudicial con el objeto de que a uno de los sujetos procesales se le entregaran los mismos,no sin antes embargarlos indebidamente.6. Mal puede pregonarse que la consignación efectuada por el gerente Liquidador de losFerrocarriles Nacionales en el Banco Popular de la época, entregados en custodia y246