2004 Extracto jurisprudencial tercer trimestre - Corte Suprema de ...

Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004Distinto es que la prueba haga parte de un trámite irregular, caso en el cual la nulidad sepredica de la actuación y únicamente debe cobijar al medio de prueba en tanto dependadel acto cuya irregularidad se declara, siguiendo al efecto lo dispuesto en el artículo 307del estatuto procesal penal, anterior 305.4. Se está en presencia de un error de derecho por falso juicio de legalidad cuando sequebranta el conjunto de requisitos y formalidades previstas en la ley para la formación,validez y eficacia de la prueba que integra lo que la jurisprudencia ha denominado debidoproceso probatorio**.El yerro, por tanto, se refiere a la validez y consecuente existencia jurídica del medio deprueba, que no equivale a su existencia material, y se manifiesta, como lo ha dicho laSala, a través de dos posibilidades:La primera, cuando el funcionario judicial al apreciar la prueba la tiene como válida encuanto estima que satisface los requisitos formales para su producción, sin que enrealidad ello sea así.Y la segunda, cuando el fallador niega la validez del medio probatorio por asumirerradamente que no reúne las exigencias legales en su práctica o aducción, pese a queen verdad estas se encuentran cabalmente cumplidas.En este evento, que es el que corresponde a la censura de la cual se ocupa la Sala, elcasacionista debe demostrar que la prueba tenida como ilegal por el juez en realidad seajusta a las disposiciones legales que la rigen, y que por lo mismo amerita ser apreciadano sólo individualmente sino en conjunto con las restantes recaudadas, y que de haberseprocedido de tal modo el sentido del fallo sería sustancialmente distinto.5. En su connotación gramatical, la norma impone únicamente al objetante el deber deprecisar el error, y de allí la utilización de la expresión "debe" que precede a este requisito,la cual no cobija la segunda parte de la oración referida a la solicitud de pruebas.Por lo demás, una interpretación sistemática del precepto no deja dudas acerca de que lasolicitud de pruebas es una facultad potestativa de quien objeta el dictamen y que elperíodo probatorio no resulta un imperativo para el juez, pues el artículo 271 remite, comoal igual lo hace el actual 255, al tramite incidental para vez de resolver las objeciones porerror grave.De conformidad con el artículo 65 del anterior estatuto procesal penal -actual 138-, laobjeción del dictamen pericial se debe tramitar como incidente procesal. El trámite de losmismos encontraba regulación en el artículo 64, cuyos numerales 3º y 4º no dejan dudade que la solicitud y práctica de pruebas no constituye un imperativo para las partes y eljuez, al señalar que "Cuando las partes soliciten pruebas, el funcionario que conoce delproceso fijará el término para su práctica, que será de diez días", término probatorio quede acuerdo al último de los numerales debe fijarse después de descorrido el traslado derigor "si los sujetos procesales han solicitado pruebas o éstas se decretan de oficio". Lautilización de la conjunción "si" denota que el legislador condicionó la apertura delperíodo probatorio a que las partes hayan solicitado pruebas, con lo cual no siempreexistirá la necesidad de hacerlo y el juez podrá entrar a decidir con fundamento en loalegado y probado dentro del proceso.El artículo 137 del código de procedimiento civil, al que por virtud del principio de remisiónacude el censor (artículo 23 del código de procedimiento penal), termina por aclarar lasituación, cuando al regular igual trámite señala que las partes pueden solicitar laspruebas que estimen pertinentes "salvo que éstas figuren ya en el proceso" (numeral 1º),y "no habiendo pruebas por practicar, decidirá el incidente"(numeral 3º).Lo anterior tiene su razón de ser, porque bien puede suceder que las partes no requierande otras pruebas, distintas a las aportadas dentro del proceso, para demostrar el error;142