2004 Extracto jurisprudencial tercer trimestre - Corte Suprema de ...

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Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004Así, si en el presente asunto el Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que por noexistir Convenio aplicable entre Colombia y los Estados Unidos la presente solicitud deextradición se regularía conforme a las previsiones contenidas en el Código deProcedimiento Penal, a ello se atiene la Corte en estricta observancia no sólo de laautonomía de los poderes, particularmente del Ejecutivo en esta materia, sino a la formacomo el Estado Colombiano ha decidido manejar sus relaciones internacionales, de modoque impertinente resultaría pretender que a iniciativa de parte esta Corporación entre adirigir o controlar el marco normativo en el que el Estado colombiano participa de lasmismas.Siendo ello así, es claro entonces que la legislación norteamericana en materia deextradición no tiene ninguna injerencia en la regulación que debe observar Colombia eneste caso como país requerido ya que -como se ha venido anotando- son las normas delCódigo de Procedimiento Penal sobre el tema las que orientan en este evento todo lorelacionado con la solicitud elevada por el Gobierno de los Estados Unidos respecto alciudadano colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, ni ninguna pertinencia tendría oficiaral Ministerio de Relaciones Exteriores para que certifique qué tratados en materia deextradición se encuentran vigentes entre Colombia y Estados Unidos, cuandoprecisamente ya informó que no existía ninguno y que por eso era procedente obrar deconformidad con las normas respectivas del Código de Procedimiento Penal.MAGISTRADO PONENTE:DR. ALFREDO GOMEZ QUINTEROAuto ExtradiciónFECHA : 08/07/2004DECISION: Niega la solicitud de rechazo, niega pruebas exceptounaPROCEDENCIA: Gobierno deCIUDAD: Estados Unidos de AméricaREQUERIDO: RODRIGUEZ OREJUELA, GILBERTO JOSEPROCESO : 22072PUBLICADA: SiVéase también en Internet: www.ramajudicial.gov.co* * * * * * fin extracto anterior * * * * * *FALSO JUICIO DE LEGALIDAD-Exigencias técnicas: Exclusión del medio deprueba/ PRUEBA ILICITA-Constitucionalmente es nula de pleno derecho/INDICIO-Clasificación/ INDICIO-Valoración1. La invocación del error de derecho por falso juicio de legalidad impone al recurrente eldeber de acreditar que respecto al elemento de persuasión con el que se vincula el yerro,fue practicado o aducido al proceso sin las formalidades exigidas por la ley. Talinconsistencia, por otorgarle validez al medio que no lo tiene o negársela al que sí loamerita, apunta a la existencia jurídica de la prueba, no a su existencia material, ni alcontenido objetivo, tampoco a su capacidad demostrativa. En otros términos, tratándose,como lo es, de un error in iudicando, el vicio afecta únicamente al medio ilegalmenteobtenido, sin proyectarse sobre los demás elementos de juicio o la estructura delproceso, de ahí que la solución en esos casos sea la exclusión del medio de prueba(primario o derivado), dejándolo sin efectos vinculantes.Una vez establecido el yerro, el censor ha de ocuparse de la incidencia del desacierto enrelación con los hechos y las conclusiones del fallador, para lo cual debe ocuparse del22
Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004análisis integral del acervo probatorio, excluyendo la prueba denunciada como ilegal, a finde demostrar que los demás medios en los que se sustentó la decisión impugnada, noresultaban idóneos para mantener la presunción de acierto y legalidad, a fin de que laCorte profiriera el fallo de sustitución correspondiente.2. El artículo 29 de la Constitución Política establece en su inciso final: "Es nula de plenoderecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso". Este mandato superior hasido desarrollado por la ley procesal penal (Libro I, Tìtulo V y VI del decreto 2700 de 1991y Libro I, Tìtulo VI y VII de la ley 600 de 2000) a través de preceptos relacionados con lanecesidad de la prueba, imparcialidad de los funcionarios en la búsqueda de la prueba,rechazo de pruebas ilegales, prohibidas, ineficaces, impertinentes o superfluas,inexistencia de diligencias, en fin, todo un conjunto de reglas pertinentes al sistemaprobatorio, dentro de un nítido marco constitucional.Exclusión de la prueba ilícita.Como lo ha sostenido invariablemente la jurisprudencia colombiana, no está permitidootorgar ningún efecto jurídico a las pruebas practicadas con desconocimiento de lasgarantías inherentes a toda persona dentro de un Estado social, de derecho, entendiendopor tales no sólo las enunciadas en el aludido artículo 29, sino comprendiendo en ellastodos los derechos fundamentales, que como es bien sabido, son de rango constitucional.En tal virtud, son inadmisibles las que son el resultado de torturas, tratos degradantes,inhumanos o crueles, o las que se generan con violación de los derechos y garantíasestablecidos en la Carta Política, cualquiera que sea la naturaleza de la prueba, ya que laprohibición no sólo se contrae a declaraciones o confesiones, sino a todos los medios deprueba.*Ahora bien, la consecuencia jurídica de la prueba inconstitucionalmente obtenida no esotra que su definitiva y estricta exclusión, como corresponde a la expresión "es nula depleno derecho", la cual, como también ha sido reiterado, sólo afecta la prueba de espurioorigen, no así al proceso a la cual ha sido allegada, sin perjuicio, claro está, de otra clasede sanciones que de ella surgen, por ejemplo, desde el punto de vista disciplinario y aunpenal respecto del funcionario que la practica, aporta, permite o admite.Nuestro ordenamiento jurídico acoge así, con éste régimen de exclusión de la pruebaconstitucionalmente ilícita, el cumplimiento de una función disuasiva, en relación con laconducta futura de las autoridades, especialmente de las de policía judicial, protectora encuanto a la integridad del sistema constitucional y judicial, de garantía de los principios yreglas del Estado social de derecho, aseguradora de la confiabilidad y credibilidad delsistema probatorio y, eventualmente, reparadora de los perjuicios causados al procesadocon una arbitrariedad.**La Sala de Casación Penal se ha pronunciado reiteradamente sobre estos importantesaspectos, como se ilustra a continuación con algunas citas bien pertinentes:"....conforme a su tradicional e invariable criterio, no deja de reprochar, de exigir y deimponer sanción a todos aquellos actos de la autoridad que no se ajustan a lanormatividad jurídica, especialmente los relacionados con los derechos civiles y lasgarantías sociales, esquemas vitales de los derechos humanos. Consideraimprocedentes, es obvio, prácticas de fuerza (material y moral) y desconoce toda valideza lo realizado en tan censurables circunstancias, demandando o aplicando, además, elcondigno castigo para sus autores, tanto en la órbita penal como en la disciplinaria. (...).Además, resulta obvio en el proceso de exclusión de resultados investigativos, que estosevidencien nexo causal con la práctica ilegal que los genera".***"Cuando una prueba ha sido irregularmente allegada al proceso, y el juez la toma encuenta al momento de dictar sentencia, se está en presencia de un error de apreciaciónprobatoria, que se soluciona con la separación de la prueba ilegal del juicio, en virtud de lacláusula o regla de exclusión que como mecanismo de saneamiento opera en estos23
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