2004 Extracto jurisprudencial tercer trimestre - Corte Suprema de ...

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Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004No se pretende afirmar con lo anterior que ante la exteriorización de la voluntad delprocesado no privado de la libertad de intervenir en la audiencia, como se indica en lajurisprudencia parcialmente transcrita, la actuación necesariamente se paraliza hastatanto no se logre su comparecencia, sino que se deben extremar los esfuerzos parapermitirla y no asumir la actitud contraria que la impida como aquí ocurrió.Puede suceder, incluso, que efectuada la manifestación de intervenir por parte delprocesado, éste no acuda a la audiencia, lo cual no será óbice para proseguir con surealización, pues se entenderá como una renuncia a ese derecho de intervenir, salvo quelogre demostrar que su inasistencia se debió a razón ajena a su voluntad, caso en el cualtendrá que proveerse lo necesario para garantizar su intervención.-----------------------------* Radicación 14029, sentencia de fecha junio 25 de 2002, M.P. Dr. Carlos A. Gálvez Argote.MAGISTRADO PONENTE:DRA. MARINA PULIDO DE BARONSentencia Segunda InstanciaFECHA : 25/08/2004DECISION: Declara nulidad, devuelve al tribunal origenPROCEDENCIA: Tribunal Superior del Distrito JudicialCIUDAD: CundinamarcaPROCESADO: FONSECA GUEVARA, JAIRO DANIELDELITOS: Abuso de AutoridadPROCESO : 22532PUBLICADA: SiVéase también en Internet: www.ramajudicial.gov.co* * * * * * fin extracto anterior * * * * * *PREVARICATO POR ACCION-Se estructura/ PREVARICATO POR ACCION-Interpretación de la ley/ TRATA DE PERSONAS/ ADMINISTRACION DEJUSTICIA-Debe estar libre de interferencias o sugerencias que la afecten1. El artículo 413 del Código Penal describe el delito de prevaricato por acción de lasiguiente manera:"El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamentecontrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) adoscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para elejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años.Conforme a este precepto, se establece que el tipo penal se configura cuando el servidorpúblico, en ejercicio de sus funciones, profiere resolución, dictamen o conceptomanifiestamente contrario a la norma que regula el asunto, anteponiendo para ello sucapricho al criterio de la ley, vulnerando de esta manera el orden jurídico y el correctoejercicio de la administración pública.2. Tal es el criterio de la Corte expuesto en reiterados precedentes jurisprudenciales,entre otros, se precisa, por ser aplicable al caso en ciernes:182
Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004"Los jueces dentro de la órbita de sus competencias, son autónomos e independientes, yen sus providencias, tal como lo previene el artículo 230 de la constitución política "soloestán sometidos al imperio de la ley", principio elevado a la categoría superior de la cartade 1.991 y que impone un límite a las actuaciones válidas del funcionario judicial en todoestado social de derecho con la soberanía popular, como el colombiano.""Cuando en ejercicio de la función de administrar justicia el juez interpreta la ley,evaluando los elementos de juicio aportados al proceso y siguiendo su criterio, no puedeconfigurarse quebrantamiento alguno del orden jurídico. Y, si dentro de esta funciónesencialmente dialéctica, sujeta a modificaciones, producto entre otros factores, de loscambios sociales y doctrinales, el funcionario se equivoca, no por ello incurre enprevaricato…""La jurisprudencia de la Corte, a propósito del tema, ha sido copiosa en señalar quecuando se imputa a un funcionario el delito de prevaricato, no es necesario examinar si lainterpretación dada por él a las normas que le sirvieron de sustento a sus proveídos fuecorrectamente aplicada desde el punto de vista de la certeza jurídica, pues lo que hay queindagar es si el funcionario emite providencias cuya ilegalidad es manifiesta, o si conculcaarbitrariamente el derecho ajeno, o si mañosamente hace decir a la ley lo que ella noexpresa; asimismo, que si el sentido literal de la norma y la específica finalidad de untexto legal no son suficientemente claros, mientras éste es complejo, o por su confusaredacción admite interpretaciones discordantes, no es posible hablar de uncomportamiento manifiestamente ilegal; no basta una interpretación normativa diversa dela predominante para concluir que se está frente al delito; y no constituye prevaricato lainterpretación desafortunada de las normas ni el desacierto de una determinación, pues eldelito implica la existencia objetiva de un texto abiertamente opuesto a lo ordenado oautorizado por la ley.""…basta que la decisión se apoye en criterios lógicos y razonablemente admisibles, así ala postre no merezca el respaldo de la mayoría o sea desestimada como verdad objetiva,como viene en precisar la Sala en sostener que "…la tipicidad de la conducta no sesatisface con la simple expedición de un pronunciamiento errado porque el tipo delartículo 149 del Código Penal exige como elemento normativo que aquella contradicciónentre lo demandado por la ley y lo resuelto sea notoria, grosera o de tal grado ostensibleque se muestre de bulto con la sola comparación de la norma que debía aplicar."*El 13 de agosto de 2003, la Sala señaló:"Se concluye, entonces, que para que el acto, la decisión o el concepto del funcionariopúblico sea manifiestamente contrario a la ley, debe reflejar su oposición al mandatojurídico en forma clara y abierta revelándose objetivamente que es el producto del simplecapricho, de la mera arbitrariedad, como cuando se advierte por la carencia de sustentofáctico y jurídico, el desconocimiento burdo y mal intencionado del marco normativo…"**...Al ocuparse de resolver el recurso de apelación interpuesto contra las medidaspreventivas, considera la Sala que la resolución del 31 de diciembre de 2002 no seenmarca en la descripción típica del delito de prevaricato por acción, considerando quedicho pronunciamiento no es "manifiestamente contraria a la ley", debido a que suargumentación no se aprecia como arbitraria o falaz, pues tanto la apreciación de lofáctico como la evaluación de lo jurídico tiene asidero en el expediente sometido alestudio de la funcionaria de segunda instancia.3. La doctora (...) en su gestión funcional, acudió a los principios necesarios para fijar elcontenido y alcance de la norma objeto de interpretación (tráfico de personas descrito enel artículo 188 del Código Penal, modificado por la ley 747 de 2002), realizando un juiciode racionalidad dentro de la esfera de protección del bien jurídico tutelado, para concluir,que la autonomía personal de los extranjeros no se les había conculcado ni puesto enpeligro, dado que, según lo manifestado por ellos el desarraigo tuvo su origen en la íntima183
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