2004 Extracto jurisprudencial tercer trimestre - Corte Suprema de ...

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Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004oportuno se ofrece señalar que dicha práctica judicial no conduce a concluir que debenotificarse a los sujetos procesales acerca de la oportunidad que les concede la ley en laetapa de la causa para solicitar la declaratoria de nulidad o el decreto y práctica depruebas, y tampoco, a echar de menos la notificación personal de quien se encuentraprivado de la libertad, en cuanto corresponde a cada uno de aquellos estar atentos a lainiciación de la etapa del juicio para intervenir de conformidad y en las oportunidadesestablecidas para ello por el legislador**.----------------------------------* Ver providencia del 29 de enero de 2004. M.P. Dr. Mauro Solarte Portilla. Rad. 15787, entre otras.** Providencia del 21 de agosto de 2003. M.P. Dr. Herman Galán Castellanos. Rad. 16252.MAGISTRADO PONENTE:DR. JORGE LUIS QUINTERO MILANESAuto Segunda InstanciaFECHA : 25/08/2004DECISION: Acepta impedimento, confirma auto impuganadoPROCEDENCIA: Tribunal Superior del Distrito JudicialCIUDAD: CartagenaPROCESADO: RIVERO MARTINEZ, BEATRIZ DEL ROSARIO- JUEZP.MDELITOS: Prevaricato por acciónPROCESO : 22691PUBLICADA: SiVéase también en Internet: www.ramajudicial.gov.co* * * * * * fin extracto anterior * * * * * *ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO-El acto debe serarbitrario y además injusto/ AUDIENCIA PUBLICA-Solicitud de aplazamiento porparte del procesado que sí quiere asistir a ésta1. Ciertamente, como bien lo señala el apelante, la última normatividad penal consolidóuna situación favorable, en cuanto la descripción típica anterior refería a la comisión de unacto "arbitrario o injusto" al paso que la actual sustituyó la disyuntiva "o" por la expresióncopulativa "e"; es decir que, para la plena adecuación típica del comportamiento, se exigeahora la concurrencia de las dos calificantes del acto y no como antes, que bastaba conuna sola. Así tuvo la oportunidad de precisarlo esta Sala, entre otras, en la decisión queel impugnante transcribe en lo pertinente y que resulta oportuno incorporar a estadecisión, en tanto contiene el criterio que sobre el particular mantiene la Sala:"Teniendo en cuenta la entrada a regir de la Ley 599 de 2.000, actual Código Penal, deconformidad con el cual, y al tenor del artículo 416, si bien se mantiene su característicade tipo subsidiario, termina con la descripción alternativa de las conductas estatuidas enlas disposiciones anteriores para su tipificación, conjugándolas en una doble connotacióncomportamental, como que ya no es suficiente que la acción prohibida sea,indistintamente, tildada de arbitraria o de injusta, sino que ahora, es imprescindible queconcomitantemente se trate de un "acto arbitrario e injusto", esto es, que para aquelloseventos en que la tipicidad imputada, como sucede en este caso, lo haya sido consustento en la normatividad anterior por arbitrariedad o injusticia, es la reciente legislaciónpenal la que retroactivamente le resulta más favorable, sin que la cuantía de la multa seala que determina una tal benignidad, ya que de no concurrir la injusticia en elcomportamiento, su atipicidad será evidente, o porque ante la mayor exigencia típica, si la180
Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004acusación, como la aquí proferida, lo es sólo por el acto arbitrario ya no es posiblemodificar el pliego de cargos para atribuirle igualmente el acto injusto, y por ende, tambiénsu atipicidad es la que impera, pues determinada con precisión, como debe ser, en laacusación la conducta típica imputada y siendo este el insustituible fundamento de lasentencia en cuanto al delito objeto del fallo, que a su turno integra la estructura deldebido proceso y garantiza el derecho de defensa, se torna en inmodificable.No existiendo duda alguna respecto a que la acusación adecuó las conductasdesvaloradas como Abuso de Autoridad en una de las dos alternativas típicasposibilitadas por la Ley Penal vigente para cuando se cometieron, esto es, en los "actosarbitrarios", y aplicando a una tal realidad procesal las premisas teórico-legalesmanifiestas en precedencia, es lo imperativo colegir, por favorabilidad, la atipicidad de lasmismas, en cuanto ya no existiendo posibilidad jurídica, dado el estado del proceso, paramodificar la calificación delictiva, es ese, y ningún otro, el tipo penal base para elproferimiento del fallo, que al haber sido derogado por el nuevo Código Penal, sin quetampoco sea dable afirmar el fenómeno de la sucesión legal en el tiempo, pues si bien sunominación subsiste, es lo cierto que el contenido de la prohibición ha cambiado, alexigirse ahora la dualidad de connotaciones conductuales: la arbitrariedad y la injusticia,lo que necesariamente hace que no pueda afirmarse igualdad en el marco típico, y portanto, procede la absolución del incriminado por estos delitos"*.2. En relación con el planteamiento que propone el impugnante como constitutivo denulidad en este acápite, se encuentra que le asiste razón al advertir que no haberseaccedido al pedimento de aplazamiento de la audiencia pública de juzgamiento delprocesado por intermedio de su defensor configuró una situación inequitativa frente aidéntica solicitud que se elevó por el fiscal del proceso y el agente del Ministerio Público,por lo mismo, resulta violatoria del derecho a la igualdad, previsto en el artículo 13 de laConstitución Política, lo cual tradujo además, vulneración de su derecho de defensa....De conformidad con lo anterior, se puede colegir que el derecho a asistir a laaudiencia pública de juzgamiento es dispositivo para el enjuiciado, de suerte que puederenunciar a esa potestad legal sin que por ello se afecte la actuación procesal, perocuando manifiesta su intención de hacer uso de tal facultad, es impositivo para elfuncionario garantizar su presencia.Otra cosa ocurre cuando se puede establecer que los motivos en que se basa elaplazamiento de la diligencia tienen ánimo dilatorio, caso en el cual se deberá negar lasolicitud, pero no en el evento que concita la atención de la Sala, no sólo porque lasrazones que se expusieron en pro del aplazamiento se mostraban justificadas, sinoporque se advierte que incluso se actuó lealmente, hasta el punto de expresarse conclaridad, en el mismo memorial presentado a través de su defensor, que en el evento derepetirse la situación que impedía su desplazamiento, declinaba su derecho a intervenir.De ese modo, el procesado, sin distingo de su condición, trátese de un lego en derecho ode una persona con algún tipo de formación jurídica, podrá en desarrollo de la audienciaexpresar a voluntad y sin cortapisas los argumentos que a bien estime convenientes parasu defensa, siempre y cuando, desde luego, se sujete a las pautas del mínimo respetohacia los demás intervinientes en ese acto público.Por consiguiente, no se podrá alegar para no acceder al decreto de nulidad en este caso,que la solicitud carece de trascendencia en tanto la intervención debe tener algunaincidencia significativa en punto de su situación jurídica, criterio que de ninguna maneraes correcto; primero, por el carácter constitucional que reviste ese derecho, según lo vistoy, en segundo lugar, porque implica elaborar juicios sobre la intervención del procesado,quien en la mayoría de las veces no tiene formación jurídica, mas no por ello se le puedenegar la oportunidad de que diga lo que considere pertinente en procura de su propiadefensa, aun cuando parezca, para quien cuenta con conocimientos en derecho, insulsa ointrascendente su intervención.181
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