2004 Extracto jurisprudencial tercer trimestre - Corte Suprema de ...

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Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 20045. En el supuesto que ocupa la atención de la Sala, la implementación de actos deviolencia en contra del procesado al momento de la captura, no afecta la legalidad delproceso, pues tal situación se presentó cuando el diligenciamiento no se había iniciado,sino, al aparecer, al momento de ser aprehendidos en estado de flagrancia.En esas condiciones, ante todo vale resaltar que el maltrato físico o moral al sujeto pasivodel proceso penal, como mecanismo de investigación judicial, constituye infracción a losderechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, en la ley y en lostratados internacionales sobre derechos humanos que integran el llamado bloque deconstitucionalidad, motivo por el cual, su uso, al interior del diligenciamiento, a fin deobtener la confesión de la autoría o participación en los hechos delictuales llevan adesquiciar no solo las bases de la instrucción y del juzgamiento, sino también a avasallarel derecho de defensa del procesado.6. La jurisprudencia de la Sala ha sostenido, considerando la legislación bajo la cual seadelantó el proceso y se dictó la sentencia recurrida, que cuando el vicio consiste encalificar la conducta con el nombre que corresponde a otro delito, se está en presencia deun error de mérito o in iudicando que, como tal, debe acudirse por la causal primera ycorregirse dictando el fallo de sustitución. Pero puede acontecer que, por excepción,como en el caso presente, el yerro trascienda a la validez de la actuación, en forma talque si se enmendara con fundamento en la causal primera generaría un nuevo desatino,al no quedar la sentencia en consonancia con la resolución de acusación, lo que ocurrecuando el delito que erróneamente se imputa en el pliego de cargos y el que se ha debidoimputar corresponde a distinto capítulo del Código Penal. Pero como el dislate siguesiendo de juicio, aunque debe denunciarse y remediarse con fundamento en la causaltercera, es preciso desarrollarlo conforme a la técnica que rige a la primera, debiéndose,por consiguiente, señalar la vía del yerro cometido, si de hecho o de derecho, y el falsojuicio que lo determinó (existencia, identidad, raciocinio, convicción o legalidad), conindicación de las pruebas comprometidas y la trascendencia del desacierto en lasconclusiones del fallo.7. Tampoco le asiste la razón, puesto que la Sala ya se había pronunciado sobre elasunto, concluyendo que la tesis del casacionista no es atinada, por cuanto el secuestrode civiles resulta ajeno al conflicto armado interno, habida cuenta que está proscrito en elderecho internacional humanitario como método de guerra. En providencia del 2 dediciembre de 1998, se dijo:"La tesis expuesta por los casacionistas en el sentido de que entre los delitos de rebelióny secuestro extorsivo de personas civiles ajenas al conflicto armado, existe una relaciónde extensión comprensión, en razón de que el primero recoge al segundo, debiéndoseaplicar solo la pena para el delito político, es jurídicamente insostenible."La eximente de pena consagrada en el artículo 127 del Código Penal, hoy excluido delordenamiento jurídico por haber sido declarado contrario a la Constitución Nacional (Sent.C456/97) comprendía únicamente los hechos punibles (delitos y contravenciones)cometidos en combate, siempre que no constituyeran actos de ferocidad, barbarie oterrorismo…"El secuestro de personas civiles ajenas al conflicto armado interno, está proscrito por elderecho internacional humanitario como medio o método de guerra, razón por la cual suejercicio deviene de ilegítimo. De ahí que no pueda ser catalogado como actividad propiade la empresa subversiva, ni como acto de combate".-------------------------------* Para denunciar la configuración de un motivo de nulidad derivado de la falta de competencia deljuzgador, la censura debe formularse al amparo de la causal tercera pero desarrollarse siguiendolos lineamiento técnicos de la primera, optando por una de los vías establecidas para ella. Si seopta por la directa es deber del censor indicar las disposiciones que el juzgador aplicóindebidamente y de las que correlativamente dejó de aplicar, o aquéllas en las que se equivocó en84
Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004fijar su contenido o alcance y las razones jurídicas de este desacierto, sin que por dicha vía seaprocedente controvertir la apreciación probatoria. Si la transgresión a la ley se originó en errores deapreciación probatoria, es su deber concretar cada uno de ellos, si de existencia, identidad,legalidad o convicción, y demostrar su incidencia en la violación de la ley, y, por ende, la falta delórgano jurisdicente con compromiso de la validez del juicio. (Auto del 12 de diciembre de 2003 M.P. Dr. Jorge Anibal Gómez Gallego. Rad. 21379.** M. P. Dr. Herman Galán CastellanMAGISTRADO PONENTE:DR. JORGE LUIS QUINTERO MILANESSentencia CasaciónFECHA : 21/07/2004DECISION: Desestima, declara prescripción, reajusta penaPROCEDENCIA: Tribunal NacionalCIUDAD: Bogotá D.C.PROCESADO: AMADO MUÑOZ, JOSE ABRAHAMPROCESADO: PARRA MUÑOZ, ALVARODELITOS: Porte de armas de defensa personal, Secuestroextorsivo agravadoPROCESO : 14538PUBLICADA: SiVéase también en Internet: www.ramajudicial.gov.co* * * * * * fin extracto anterior * * * * * *CAPTURA ILEGAL-No tiene incidencia en el derecho de defensa ni en laestructura del proceso/ SECUESTRO-Delito de conducta permanente1. Como quiera que el demandante también considera que la captura de (...) se produjode manera ilegal porque no medio situación de flagrancia, y además, se llevó a cabocuando la investigación ya estaba formalmente abierta; lo primero que correspondedestacar es que un planteamiento de esta naturaleza no tiene cabida alguna en casación,pues es reiterada la jurisprudencia de la Sala en sostener que al estar dirigidas esta clasede réplicas a destacar una afectación del derecho a la libertad, no es a última hora, encasación, pretendiendo la invalidación de todo lo actuado que se puede remediar unavulneración de esta naturaleza. Específicamente con tal finalidad están previstas la acciónpública de hábeas corpus y la solicitud de libertad por captura arbitraria (antes reguladaen el artículo 383 del Decreto 2700 de 1991, y ahora en el 353 de la Ley 600 de 200), lascuales tienen la inmediatez y la eficacia requerida para restablecer las garantíasviolentadas.Lo anterior, por cuanto, la captura por sí sola no es elemento basilar ni estructural delproceso, en tanto que el mismo puede iniciarse y aún culminarse sin la presencia materialdel sindicado, como ocurre en los casos en los que por no ser posible de ningún modoubicar a la persona señalada de la comisión de un delito, la actuación se adelanta previala declaratoria de ausente. Desde esta perspectiva, pretender dejar sin piso una actuacióncon el argumento de que hubo irregularidades en el procedimiento de captura, noobstante que toda la actuación surgida a partir de la iniciación formal del proceso se llevóa cabo respetando los presupuestos del debido proceso y el derecho de defensa, no esmás que forzar la concurrencia de una causal de nulidad a una eventualidad que escapaal contenido mismo de la sentencia. De ahí que, no aparece desarrollo alguno con miras aacreditar la relación directa de esa presunta falencia con el contenido de la decisión decondena.85
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