2004 Extracto jurisprudencial tercer trimestre - Corte Suprema de ...

Relatoría Sala de Casación Penal Tercer Trimestre de 2004defensa técnica mediante la designación de egresados o estudiantes de derechopertenecientes a consultorios jurídicos de las facultades universitarias reconocidas por elEstado, logrando así la presencia de personas con formación jurídica que garantice ladefensa de los intereses del procesado conforme en tal sentido ha sido declarado por eljuez de constitucionalidad (sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996).""Además, si bien el artículo 25 del Estatuto que rige el ejercicio de la abogacía estableceque "Nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio delas excepciones consagradas en este decreto", acorde con el principio de trascendenciaque rige las nulidades tal disposición seguidamente, aclara que la violación de dichoprecepto per se no constituye motivo de invalidación de lo actuado, "a no se que además,el aludido abogado o alguien sin serlo no haya desempeñado idóneamente la defensa"(seresalta), como en tal sentido en su oportunidad fue declarado por la Sala Plena de laCorte Suprema de Justicia en sentencia de constitucionalidad proferida el 5 de agosto de1985 al pronunciarse sobre la conformidad con la Constitución Nacional del aludidoprecepto, mediante determinación que si bien se produjo al amparo de una realidadjurídica distinta a la actual se mantiene vigente bajo los postulados de la Carta Política de1991"." Por razón del principio contenido en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal,en casación no resulta viable aducir la invalidez de un proceso por la simple constataciónde haberse designado como defensor a una persona no autorizada por la ley paraintervenir como tal en el concreto trámite de que se trate, sino que es indispensable que eldemandante demuestre cómo su gestión repercutió negativamente afectando losintereses del imputado debiendo acreditar, por tanto, cómo de haber intervenido unprofesional del derecho la suerte del procesado habría sido distinta y opuesta a ladeclarada judicialmente en el fallo de censura."*Como lo recuerda el Ministerio Público, el inciso 2° del referido artículo 25 del decreto 196de 1971 fue sometido a examen de constitucionalidad y declarado exequible por la CorteSuprema de Justicia mediante sentencia del 5 de agosto de 1985, con fundamento en lossiguiente apartes:"Tampoco se produce agravio al derecho de defensa que contiene el artículo 26 delCódigo Superior, ni al principio del debido proceso allí mismo consagrado, puesto que lanorma alude a la ausencia de la condición de ser "abogado inscrito" en el hecho de litigaren causa propia o ajena, a la falta de ese requisito complejo, lo cual significa que elprecepto se refiere en concreto al abogado no inscrito, ya que se encuentra en el título IIIque trata del ejercicio de la profesión, donde se dice que no se podrá ejercer la profesiónde abogado ni anunciarse como tal sin estar inscrito y tener vigente la inscripción (artículo24), y donde así mismo, se dispone que es requisito para inscribirse como abogado elhaber obtenido el título correspondiente, reconocido legalmente por el Estado (artículo 5°)en todo lo cual se ve que la circunstancia de no hallarse inscrito el abogado que actúa enun proceso no significa indefensión de la parte a la que representa, o que éste no sea elcorrespondiente al negocio de que se trate, según la ley, o que de una u otra manera nohaya el debido proceso. La norma implica que el solo hecho de no ser abogado inscritono es causal de nulidad, a no ser que además el aludido abogado, o alguien sin serlo, nohaya desempeñado idóneamente la defensa. Esto deja en claro la ninguna violación delartículo 26 de la carta en el presente caso.**De lo expuesto y trascrito cabe reiterar dos precisiones, que según lo expresado por estaSala de Casación "si bien se produjo al amparo de una realidad jurídica distinta de laactual se mantiene vigente bajo los postulados de la Carta de 1991"***" y, la segunda,obsérvese que, solo es posible, declarar la nulidad de lo actuado cuando "…a no ser queademás el aludido abogado, o alguien sin serlo, no haya desempeñado idóneamente ladefensa…" acotaciones que permiten afianzar la invalidez de la actuación sobre elprincipio de trascendencia que rigen las nulidades....78