ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

Policía Investigadora: El Modelo Hernán Guajardo
Juan José Bustamante Campos
En el marco de esta narrativa y aspirando con esto a examinar el
contexto histórico en el que el combate a la corrupción ha tomado relevancia
desde los enfoques cultural e institucional, se pretende entender desde un
punto de vista critico el concepto de corrupción en el ámbito del sector público.
Más allá de definirla bajo los términos de un simplificado concepto que afecta la
conducta tanto individual como institucional, Óscar Diego Bautista aporta un
análisis minucioso de este fenómeno social a través de un lente teoréticamente
complejo. Por un lado, define a la corrupción como aquella actividad lucrativa
desempeñada por un individuo investido de autoridad con la intención
de enriquecerse de una forma dolosa. Por otro lado, presenta dos enfoques
analíticos que ayudan al lector a entender con una mayor claridad lo confuso
del concepto. El primero se refiere al sentido económico que la corrupción
toma cuando dos partes involucradas en una transacción derivada de un hecho
–e.g. accidente de tránsito– se benefician mutuamente de un arreglo monetario.
Aquí, lo difícil es atribuirle la culpa a un sólo individuo puesto que ambos
actores lucran ilícitamente del acuerdo económico. El segundo se refiere al
sentido amplio que la corrupción toma cuando el trabajo del servidor público
se desvía de sus funciones usuales. Aquí, a diferencia del sentido económico de
la corrupción, la naturaleza de un arreglo entre partes no necesariamente está
asociado al dinero (Diego, 2010b: 15-16).
1. El Combate a la Corrupción Policial ¿Un Problema de Enfoque?
Históricamente, el estudio convencional del combate a la corrupción se asocia
al modelo teórico de la cultura de la legalidad (Araque, 2012; Vázquez, 2008).
Aquí, Vázquez nos señala a un imaginario social formado por un conjunto de
ideas y creencias afines como el eje rector de la conducta de las personas en la
preservación de una cultura de la legalidad (Vázquez, 2008: 63). Sin embargo,
el argumento tal y como se concibe tiene diferentes matices teóricos. Vázquez,
por ejemplo, apunta a una cultura de legalidad establecida y legitimada por
la validez de sus normas jurídicas –desde cuatro modelos conceptuales: positivista,
realista, conservador, y democrático– para mantener una conducta ciudadana
apegada a un imaginario social. Para Araque Hernández, la cultura de
la legalidad se construye a partir de los valores aprendidos en los contextos
de la familia y escuela, esto con el propósito de influir el accionar ciudadano
dentro de un marco de convivencia cívica (Araque, 2012: 126-127).
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