ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

La ética Pública Aplicada y la Gestión de la Integridad.
Bernabé Aldeguer Cerdá
de trámite o procedimiento administrativo sin justa causa. En el
caso de que se efectúe actuación para la agilización, su motivación
debe figurar mediante constancia documental en el expediente;
Cuidarán de ejercer su cargo con total transparencia patrimonial,
que se manifestará a través de las oportunas declaraciones de incompatibilidades
y de bienes, rentas, remuneraciones y actividades;
Guardarán lealtad a la institución, vigilando siempre la consecución
por la misma del interés general y el cumplimiento de los
objetivos de la organización; Para dar contenido al principio de
ejemplaridad en la actuación de las responsabilidades públicas, se
administrarán los recursos públicos con austeridad siempre y sin
excepción, sin ninguna clase de ostentación económica o social; Se
rechazará de plano cualquier regalo o servicio de favor protocolario
que vaya más allá de los usos habituales sociales y de cortesía; y, Se
cuidará especialmente el uso apropiado y público de los bienes y
servicios que la Administración de la Comunidad Autónoma pone
a su disposición por razón del cargo (Medidas de Buen Gobierno:
principios éticos y de conducta).
Se aprueba una evaluación anual, por parte de la Asamblea de Extremadura,
sobre el grado de cumplimiento o de los eventuales incumplimientos de los
principios éticos y de conducta aprobados.
La Ley 5/1994, de 1 de agosto, del Estatuto Regional de la Actividad
Política tiene como propósito garantizar que los diputados regionales y los
altos cargos ejercen: “su actividad política con lealtad a los intereses generales
de la Región de Murcia, y con respeto a los principios de legalidad, objetividad,
igualdad y eficacia que deben presidir todo servicio público” (Deberes de la
actividad política, art. 1.) Como consecuencia, los diputados, no pudiendo hacer
uso ni invocar su condición de parlamentarios para el ejercicio de cualquier
actividad mercantil, industrial o profesional, están sometidos, además, a un
régimen de dedicación exclusiva y excluyente, que se concreta en un sistema
de incompatibilidades, basado en el deber de objetividad, respeto al principio
de igualdad, abstención e inhibición. Para el control y consecución efectiva de
tales mandatos, se establece la obligatoriedad de la declaración de actividades,
intereses y bienes, en un Registro de Actividades e Intereses de carácter público.
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