ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

Edgar Ramón Aguilera
EL PAPEL DE LAS VIRTUDES PÚBLICAS
impunidad sistemática de sus actos. Este es el fundamento para que, a nivel
internacional, mediante procedimientos ante la Corte Penal Internacional, se intente
responsabilizar no sólo a quienes personalmente ejecutan genocidios
y crímenes contra la humanidad, sino también a gente ubicada más arriba
en la cadena de mando respectiva (generales, etc.), hasta alcanzar incluso a
miembros de las altas esferas políticas y gubernamentales (como el Presidente,
su Gabinete y otros funcionarios de niveles semejantes) (Gattini, 2009; Ambos,
2009; Van Der Wilt, 2009; Zimmermann, et al, 2009).
Ahora bien, empleando la terminología de Fernández Dols (Oceja et
al, 1992; Fernández, 1993), podemos decir que el adoctrinamiento permanente,
aunado a la sistemática falta de monitoreo e impunidad de quienes cometen
estos actos, convierten a las normas sociales, morales y jurídicas que normalmente
serían pertinentes para orientar el comportamiento de los individuos
en esos contextos, en “normas perversas”, es decir, en normas que pese a los
casos esporádicos de cumplimiento voluntario y/o de aplicación por parte de
las instancias competentes, generalmente no se cumplen ni se aplican. Y esto
sucede debido al surgimiento de un sistema paralelo de reglas sociales que, en
la práctica, las neutraliza o torna ineficaces, al tiempo que establece las formas
aceptadas de vulneración de aquellas normas oficialmente vigentes. En el caso
de los crímenes internacionales mencionados con anterioridad, son las normas
jurídicas nacionales e internacionales relevantes (protectoras de derechos
humanos) las que más claramente se transforman en normas perversas (en el
sentido anotado).
Es importante enfatizar que el sistema normativo paralelo que
surge para tornar en permitidas, o al menos, en toleradas, a las conductas
originalmente proscritas por las normas jurídicas y para especificar la forma
aceptada de llevarlas a cabo (cómo proceder en la aplicación de métodos de
tortura, en las detenciones arbitrarias, etc.), está conformado por reglas sociales,
o más técnicamente, por convenciones constitutivas y/o de coordinación que
surgen explícita o implícitamente, así como, consciente o inconscientemente.
Esto significa que una de las razones principales por la que los participantes de
las prácticas resultantes intervienen en ellas de acuerdo con el rol o funciones
que les corresponde desempeñar, consiste en que los demás miembros (o la
mayoría) del grupo al que se desea pertenecer (o continuar siendo miembro),
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