ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

La ética Pública Aplicada y la Gestión de la Integridad.
Bernabé Aldeguer Cerdá
administrativa, judicial y legislativa” (Morales Prats & Rodríguez Puerta,
1996). Cabe destacar, no obstante, la coexistencia de las responsabilidades
y las sanciones penales y administrativas, la vigencia del principio ne bis in
ídem, y: “su posible operatividad entre las sanciones penales y las sanciones
administrativas, pues nuestra jurisprudencia constitucional, aunque reconoce
su no proclamación expresa en la Constitución, lo ha venido reiteradamente
declarando íntimamente unido a los principios de legalidad y tipicidad de las
infracciones en el art. 25 de la norma fundamental” (González Cussac, 1996).
Teniendo en cuenta la especial incidencia que ha supuesto, durante la primera
década del S. XXI, el desarrollo de las prácticas especulativas inmobiliarias,
se aprobaron diferentes modificaciones legislativas, dirigidas a agravar el
tratamiento de los distintos tipos delictivos vinculados a los delitos antedichos.
Así, destacan, no sólo las modificaciones de la Ley del Suelo, sino también la
reforma operada en los artículos del Código Penal Español, relacionados con
los delitos contra la administración pública. 4
Empero estas disposiciones que en el plano judicial permiten tipificar
y sancionar, desde el punto de vista penal, las conductas delictivas contra la
administración pública, el objeto del presente trabajo consiste en explorar todas
aquellas disposiciones normativas de distinto rango legal, y con diferentes
niveles en cuanto a su capacidad coercitiva, relacionados con la introducción
de principios éticos, de normas de conducta y de instrumentos para la gestión
de la integridad. De este modo, la constitución de una cultura ética en el
seno de las organizaciones públicas, tanto en el ámbito político, como en el
administrativo, viene dado por la preceptiva, aunque no suficiente, aprobación
de códigos de conducta y de principios de ética pública.
El trabajo trasciende a las regulaciones de orden penal o civil, a dirimir
en el ámbito de la Administración de justicia, identificando los instrumentos contemplados
en la normativa vigente en los niveles local, autonómico y nacional de
España, así como en el contexto europeo e internacional, con impacto y relevancia
para la adopción de distintas decisiones, por parte del Estado español.
4
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
adecúa el Código Penal a los compromisos adquiridos por el Estado español, según el Convenio Penal sobre la
corrupción del Consejo de Europa de 27 de enero de 1999, y el Convenio establecido sobre la base de la letra c,
del apartado 2 del artículo k.3, del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupción
en los que estén implicados funcionarios de la Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión
Europea.
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