ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN.
Instrumentos éticos de aplicación práctica
competencias; Promover el uso normal del gallego, oralmente o
por escrito, en las relaciones con la ciudadanía, sin perjuicio del
derecho de no discriminación por razones de la lengua; Prestar
especial atención a las necesidades de las personas discapacitadas,
adoptando las medidas necesarias para facilitar su acceso a la
información y sus relaciones con la Administración (art. 2).
Además de un conjunto de disposiciones sobre transparencia en la actividad
administrativa, el citado texto legal aprueba un conjunto de principios de
actuación, en el artículo 15.2, en el ejercicio de las funciones de los miembros del
Gobierno y de los altos cargos de la Administración, para quienes se constituye
un Registro público de Actividades y de Bienes Patrimoniales, de actualización
anual.
La Ley 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses
de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración de Cantabria,
lleva a cabo la regulación del régimen de incompatibilidades de los miembros
del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, conceptualizando como la concurrencia de tales
conflictos de intereses, la intervención de los altos cargos: “en decisiones
relacionadas con asuntos en los que confluyen intereses de su puesto público
con intereses privados propios o de familiares en los términos previstos en
la presente Ley, o intereses compartidos con terceras personas” (Noción de
conflicto de intereses, art. 2.). La Ley expone, como uno de los componentes del
Régimen Deontológico, un elenco de principios de actuación (art. 5); a saber:
Pleno respeto a la Constitución, a la Ley y al resto del ordenamiento
jurídico en el desempeño de sus funciones, y en particular, al
dictar las disposiciones o resoluciones que sean de su competencia;
Dedicación exclusiva al cargo público, en el marco de lo dispuesto
en esta Ley; Orientación estratégica y exclusiva a los intereses
generales, que prevalecerán en todo caso sobre los diferentes y
legítimos intereses parciales de cualquier naturaleza que puedan
presentarse en el desempeño del cargo público; Diligencia y
coherencia en el cumplimiento de los compromisos asumidos
en el programa de gobierno que les corresponda desarrollar;
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