ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

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ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN. Instrumentos éticos de aplicación práctica servidores públicos serían las siguientes (Diego, 2002): la conciencia acerca de la importancia del comportamiento de los servidores públicos y generar instrumentos para el seguimiento de las correspondientes conductas; el fomento del interés por la ética en los asuntos públicos; la identificación de los valores éticos propios del servicio público e incardinarlos en el proceso de selección; los exámenes exhaustivos para el ingreso en el servicio público; la sensibilización del servidor público respecto de su compromiso con la sociedad. Interiorización de los valores éticos; la formación de profesionales éticos y competentes para el servicio público; un organismo autónomo independiente del gobierno que fomente la ética público; el fortalecimiento de la Inducción de los servidores públicos de nuevo ingreso (Gobierno, ética y administración pública); certificar a los servidores públicos; establecer un marco jurídico ético (v. gr.: código de conducta en el servicio público); un sistema de denuncia que recoja cualquier acto indebido por parte de los servidores públicos; un sistema de sanciones ejemplares; depurar a la administración pública de los elementos negativos o sin vocación de servicio; establecer un sistema de comunicación directa con la población; y, rescatar experiencias de otros países. La OCDE, en el documento What is an Ethics Infraestructura (1997) enumera, como elementos de la infraestructura ética, los siguientes: 1. Apoyo político; 2. Marco legal eficaz; 3. Estrategias y medidas de socialización profesional; 4. Una sociedad civil activa y vigilante; y, 5. Sistemas de control internos y externos diversos y coordinados (OCDE, 1997; Villoria, 1997). A saber, la necesidad de construir indicadores de ética pública capaces de ser sujetos a evaluación, considerando la pluralidad axiológica de las sociedades contemporáneas y la necesidad de la inclusión y la participación ciudadana en las distintas fases del ciclo de políticas públicas, en concreto el de evaluación. Propuestas tales como las antedichas, permiten describir el conjunto de las estrategias que compendian los Marcos de Gestión de la Integridad, y que basados en la combinación de diferentes medidas esenciales y complementarias, por medio de distintos instrumentos, procesos y estructuras (órganos), contribuyen a identificar el diseño de las políticas públicas de ética aplicada (Tabla 2). 200
La ética Pública Aplicada y la Gestión de la Integridad. Bernabé Aldeguer Cerdá Medidas Esenciales Medidas Complementarias Tabla 2. Marco de Gestión de la Integridad (Villoria, 2010). Instrumentos Procesos Estructuras (órganos) Códigos, evaluaciones Determinar y definir Responsables de la de riesgos, formación, integridad, orientar hacia gestión de la integridad, orientación, gestión de la integridad, controlar, por ejemplo, servicio los conflictos de interés, sancionar e imponer, de prevención de la consultas de ética, evaluar. corrupción, oficinas de inspecciones internas, Derecho a una buena ética, etc. política de denuncias, administración encuestas, etc. Evaluación del sistema de RR.HH; Procedimientos administrativos y de contratación; Gestión presupuestaria; Gestión de la calidad; y, Control interno y externo. Medidas implantadas, por qué evaluar, qué ha pasado, quién evalúa, cómo evaluar, cómo asegurar impacto Gestores de RR.HH, interventores, etc. 2. La Ética Pública aplicada y la Gestión de la Integridad. El caso español. A pesar de la tradición que se ha consolidado en el escenario jurídico español, por medio de la normativa sobre deberes de los empleados públicos, el régimen de incompatibilidades de los altos cargos, así como como de los distintos delitos contra la administración pública, la introducción de códigos deontológicos de ética pública, cuenta con una reciente consideración en el ámbito español. 3. El ámbito nacional Los principales textos que, en el ámbito nacional español, permiten identificar la regulación de los códigos de conducta, tanto de empleados públicos, como de miembros del gobierno y altos cargos, vienen dados por los siguientes: 1. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; 2. El Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado; 3. La Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado; y, 4. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 201
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