ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

La ética Pública Aplicada y la Gestión de la Integridad.
Bernabé Aldeguer Cerdá
frontera entre lo público y lo privado, y sobre la propia naturaleza de los
servicios públicos, en tanto en cuanto “la mayor libertad gerencial en el
seno de las organizaciones públicas permite también unas oportunidades
para un comportamiento irregular” (Ormond et al, 1999);
• Un incremento de las contrataciones públicas y la aparición de casos
de corrupción política y administrativa ligada a procesos irregulares
en los trámites de contratación; a saber: el tráfico de influencias e
información privilegiada, el cohecho, los conflictos de intereses o el trato
discriminatorio en la adjudicación de los contratos, tal y como la OCDE
advirtió en el documento Integrity in Public Procurement: Good Practice
from A to Z, del año 2007;
• La introducción de cambios en los catálogos competenciales de las EELL
por medio de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera, junto con el incremento de los instrumentos
de control y seguimiento de las EELL por parte de la Administración
central, en la Gestión Presupuestaria.
• Finalmente, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, resulta vinculante para los
miembros del Gobierno, altos cargos y asimilados de las EELL. Además,
a la reunión que, al menos una vez al año, se celebre, de la Comisión de
Transparencia y Buen Gobierno, podrá ser convocado un representante
de la Administración Local, propuesto por la Federación Española de
Municipios y Provincias (en adelante, FEMP).
De acuerdo con Rodríguez Álvarez (2001), los principales ámbitos y dimensiones
en la promoción de las conductas y los principios éticos, vienen dados
por la regulación de seis ámbitos fundamentales: 1. El Estatuto de los electos
locales; 2. La financiación de los partidos, de las asociaciones políticas y de
los candidatos individuales en el nivel local; 3. Los mecanismos de control y
auditoría; 4. El Estatuto de los funcionarios locales; 5. La transparencia, acceso
a la información y procedimientos administrativos; y, 6. Las relaciones de las
autoridades locales con el sector privado (Tabla 10).
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