ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN.
Instrumentos éticos de aplicación práctica
Consideraciones finales
1. La ética pública permite armonizar, y desde una perspectiva práctica
y aplicada hace posible la materialización de las pautas de comportamiento
individual fundadas en la libertad y la autonomía, así como
el comportamiento y el ejercicio de los procesos institucionalizados de
carácter colectivo en el marco de las organizaciones públicas, como parte
coadyuvante en la realización de los objetivos de éstas, a saber, y en
última instancia, la realización y la satisfacción del interés general y del
bien común.
2. En la dimensión aplicada ha venido resultando clave elevar al ámbito
de la legislación civil y penal las disposiciones normativas que paulatinamente
se puedan ir adoptando sobre ética pública por medio de
su reconocimiento en el marco de los delitos contra la administración
pública o de responsabilidad civil, patrimonial y personal de los empleados
y cargos públicos, por actuaciones que atenten al interés general y a
las administraciones públicas. La elevación a rango de Ley de los códigos
de buen gobierno, introduciendo medidas obligatorias y coercitivas que
garanticen el cumplimiento y la observancia de los principios éticos y de
las normas de conducta aprobados, tanto en los trámites disciplinarios
de los funcionarios y empleados públicos, como en los procesos de
postulación y eventual revocación de los altos cargos y miembros del
Gobierno.
3. Como característica común a los tres órdenes de Gobierno y Administración,
cabe constatar el prolífico desarrollo y cobertura legal de las
disposiciones por medio de las que se catalogan ciertos principios de
ética pública. A pesar de ello, no obstante, y precisamente por ello, se
evidencia en una orientación legalista que impregna de un carácter
eminentemente tecnocrático o jurídico a la regulación de la ética pública.
Se observa una coherencia en cuanto a la regulación de los diferentes
regímenes de conflictos de intereses, encontrándose incardinados los
mismos en las normativas sobre buenas prácticas, buen gobierno y
transparencia, como expresión del derecho a una buena administración.
4. A la luz de lo expuesto en el párrafo anterior, se constata una carencia de
la formación en ética y valores públicos como requisito para el acceso al
desempeño de la Función Pública. Resulta fundamental incidir en el papel
244