ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN.
Instrumentos éticos de aplicación práctica
Sociológicas (CIS), un incremento de las percepciones de la ciudadanía en
relación con los principales problemas de España, relativos a la corrupción y
al fraude, la crisis de valores o, los partidos políticos, los políticos y la política
en general.
Además, en el plano judicial, por ejemplo, la Ley 10/1995, de 24 de
abril, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que
se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, creó la Fiscalía Especial
para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, con
competencia para intervenir directamente en los procesos penales relativos a
los delitos contra la Hacienda Pública, contrabando, y en materia de control de
cambios; los delitos de prevaricación; los delitos de abuso o uso indebido de
información privilegiada; la malversación de caudales públicos; los fraudes y
exacciones ilegales; los delitos de tráfico de influencia; los delitos de cohecho;
la negociación prohibida a los funcionarios; los delitos comprendidos en los
capítulos IV y V del Título XIII del Libro II del Código Penal; y, los delitos
conexos con los anteriores”.
El ordenamiento jurídico español, regula lo que la doctrina alemana
ha determinado como los Amtsverbrechen, o los delitti contro la pubblica
amministrazione en la doctrina italiana, y que en España se integran bajo la
denominación de los delitos contra la administración pública, enumerados en
el Título XIX del Código Penal. Estos delitos vienen tipificados en relación a las
funciones públicas, y pueden enumerarse del siguiente modo: la prevaricación
de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos; del abandono
de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos; de la desobediencia
y denegación de auxilio; de la infidelidad en la custodia de documentos y de la
violación de secretos; del cohecho; 2 del tráfico de influencias; de la malversación; 3
de los fraudes y de las exacciones ilegales; o, de las negociaciones y actividades
prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su
función (Vizueta, 2003). En su conjunto, el Título XIX del Código Penal, permite
deducir: “como interés común a todos los tipos comprendidos en este Título
el correcto desempeño de la función pública, comprensiva de la actividad
2
Ver, entre otros: De La Mata Barranco, N. (2004). La respuesta a la corrupción pública. Tratamiento penal de la
conducta de los particulares que contribuyen a ella. Granad: Editorial Comares; y, Vizueta, J. (2003). Delitos contra
la administración pública: estudio crítico del delito de cohecho. Granada: Editorial Comares.
3
Entre otros, ver: Morales García, Ó. (1999). Los Delitos de Malversación. Apropiación, utilización temporal y
administración desleal de caudales públicos. Pamplona: Aranzadi Editorial.
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