ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

La ética Pública Aplicada y la Gestión de la Integridad.
Bernabé Aldeguer Cerdá
Medidas
Esenciales
Medidas
Complementarias
Tabla 2. Marco de Gestión de la Integridad (Villoria, 2010).
Instrumentos Procesos Estructuras (órganos)
Códigos, evaluaciones Determinar y definir Responsables de la
de riesgos, formación, integridad, orientar hacia gestión de la integridad,
orientación, gestión de la integridad, controlar, por ejemplo, servicio
los conflictos de interés, sancionar e imponer, de prevención de la
consultas de ética,
evaluar.
corrupción, oficinas de
inspecciones internas, Derecho a una buena ética, etc.
política de denuncias, administración
encuestas, etc.
Evaluación del sistema de
RR.HH; Procedimientos
administrativos y de
contratación; Gestión
presupuestaria; Gestión
de la calidad; y, Control
interno y externo.
Medidas implantadas,
por qué evaluar, qué ha
pasado, quién evalúa,
cómo evaluar, cómo
asegurar impacto
Gestores de RR.HH,
interventores, etc.
2. La Ética Pública aplicada y la Gestión de la Integridad. El caso español.
A pesar de la tradición que se ha consolidado en el escenario jurídico español,
por medio de la normativa sobre deberes de los empleados públicos, el régimen
de incompatibilidades de los altos cargos, así como como de los distintos delitos
contra la administración pública, la introducción de códigos deontológicos de
ética pública, cuenta con una reciente consideración en el ámbito español.
3. El ámbito nacional
Los principales textos que, en el ámbito nacional español, permiten identificar
la regulación de los códigos de conducta, tanto de empleados públicos,
como de miembros del gobierno y altos cargos, vienen dados por los siguientes:
1. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; 2. El
Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos
de la Administración General del Estado; 3. La Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de
los altos cargos de la Administración General del Estado; y, 4. La Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.
201