ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

La ética Pública Aplicada y la Gestión de la Integridad.
Bernabé Aldeguer Cerdá
crucial de la formación y la capacitación específica de los funcionarios,
empleados y cargos públicos, en las áreas específicas relativas a la
gestión de la integridad, la ética pública, la corrupción y el régimen sobre
conflicto de intereses e incompatibilidades, tanto con carácter previo al
acceso al puesto, como elemento objetivo a considerar en el principio
de mérito y capacidad, así como también, en la evaluación continua del
desempeño del cargo, por medio de la actualización permanente en base
a las modificaciones que vayan operando en el ordenamiento jurídico
y la normativa aplicable. Incluir los contenidos relacionados con las
áreas especificadas más arriba, en el ámbito de la educación formal y
reglada, a través de los planes de estudio en materia de educación cívica
o para la ciudadanía, centrada en el contenido esencial de los derechos
fundamentales y de las libertades públicas, así como en los valores
democráticos y las instituciones, actitudes y comportamientos que
fundamentan el sistema democrático.
5. Así como en el establecimiento de órganos, figuras y procedimientos de
control en el cumplimiento de los estándares regulados, más allá de lo
previsto en los protocolos administrativos generales de carácter disciplinario
o sancionador. La elaboración de indicadores que permitan
la evaluación sobre el cumplimiento de las estrategias de lucha contra
la corrupción, de fomento de la transparencia y de la ética pública, así
como de gestión de la integridad, con objeto de monitorizar las políticas
públicas impulsadas, y que sirvan como base empírica a disposición de
la Sociedad Civil, gobiernos y, fundamentalmente, del poder legislativo,
en orden a adoptar las correspondientes medidas de carácter legal y
normativo. Todo lo anterior contribuirá, sin duda alguna, al desarrollo
y mejoramiento de la calidad democrática. Constituir un marco institucional
adecuado de gestión y de control de la ética pública, por medio
de oficinas independientes, con una dotación presupuestaria, material y
humana suficiente, con formación profesional y académica especializada,
con objeto de evitar la inoportuna interferencia del poder político,
especialmente del ejecutivo, en el trámite y Resolución de determinados
casos que pudieran resultar comprometedores para los altos cargos,
miembros del Gobierno, así como también, del poder legislativo.
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