ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN.
Instrumentos éticos de aplicación práctica
o negativa y, de este modo, yendo más allá inicial diagnóstico del problema, y
reforzando el carácter propositivo en la Gestión Pública, no sólo combatiendo la
corrupción, sino fomentando aquellas prácticas, conductas y comportamientos
que desactiven los factores y dispositivos institucionales y culturales en las que
opera la corrupción. De este modo, la infraestructura ética debe contemplar,
entre otros, los siguientes cinco bloques; a saber: 1. La formación ética y el
cambio cultural. A pesar de la elaboración de estrategias dirigidas a combatir,
a corto plazo, las consecuencias de la corrupción, la formación constituye un
componente insoslayable, a pesar de que sus resultados se expresan a largo
plazo, en tanto que permiten incidir en la concienciación y el cambio en los
valores y la cultura organizativa pública; 2. El compromiso y el liderazgo
político, a través de acciones prácticas que trasciendan las meras declaraciones
de intenciones; 3. El desarrollo legal y normativo de un marco obligatorio y
coercitivo; 4. Instituciones de coordinación; y, 5. Identificar los sectores de la
Función Pública, con especial relevancia y riesgos, tales como la Policía, la
Hacienda y la recaudación, o la contratación, así como los directivos públicos.
Uno de los aspectos fundamentales a la hora de evaluar y de garantizar
el grado de cumplimiento y efectividad de los códigos deontológicos en el seno
de las Administraciones Públicas, viene dado por la articulación del sistema
de sanciones en caso de inobservancia de los mismos. Si bien es cierto que
tales códigos, más allá de los supuestos por medio de los cuales puedan ser
incumplidos, a través de los mismos:“(…) al menos es posible tomar conciencia
de ello, y los ciudadanos cuentan con un referente para exigir una actuación
adecuada a él” (Cortina, 1998). Conforme a Termes i Anglès (2000): “el marco
legal debe prever también las sanciones a aplicar en caso de quebrantamiento
del código de ética porque, como bien dice la OCDE en su informe, La ética
en el sector público, sin poder coactivo, la sola fijación de límites sobre el
comportamiento, y la imposibilidad de aplicar sanciones, es como tener dientes
y no poder morder” (Termes et al, 2000). De tal suerte que: “la administración
del código debe implicar la existencia de penalizaciones por violaciones del
mismo” (Termes et al, 2000).
Tait (1996), en el informe A Strong Foundation: Report of the Task Force
on Public Service Values and Ethic, determina, como principios fundamentals
sobre los que debe erigirse la elaboración de cualquier código de ética, valores
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