ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

La ética Pública Aplicada y la Gestión de la Integridad.
Bernabé Aldeguer Cerdá
7. Órganos y sistemas de control
Más allá de los órganos de control administrativo que a nivel de la Función Pública
han parametrizado los diferentes protocolos de acción en caso de incumplimiento
de las disposiciones éticas, el escenario autonómico español carece, en términos
generales y con carácter homogéneo, de un diseño institucional dedicado a
reconocer profesionales, órganos o entidades especializadas en el control de
la ética pública. Si bien, de forma tentativa e inicial, algunos modelos se han
venido desarrollando, tal y como se expone seguidamente.
En el caso cántabro, la legislación autonómica (Ley 1/2008, de 2 de
julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno
y altos cargos de la Administración de Cantabria) completa el Régimen
Deontológico, con la promoción de acciones formativas relativas a los conocimientos
y habilidades relacionados con los principios enumerados, y el
propio régimen de conflicto de intereses (art. 7), y de incompatibilidades. En
la evaluación del cumplimiento del Código, se tendrá en consideración la
opinión de la ciudadanía, y se elaborará anualmente, un informe del Consejo
de Gobierno sobre el grado de cumplimiento del mismo. Con posterioridad a
la antedicha Ley, se aprobó el Acuerdo de 17 de Octubre de 2013, por el que se
aprueba el Código de Buen Gobierno de los Miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOCA, 2014), cuyos
principios generales quedan promulgados del siguiente modo:
Pleno respeto a la Constitución, a la Ley y al resto del ordenamiento
jurídico en el desempeño de sus funciones, y en particular, al
dictar las disposiciones o resoluciones que sean de su competencia;
Dedicación exclusiva al cargo público, en el marco de la legislación
vigente; Orientación estratégica y exclusiva a los intereses generales,
que prevalecerán en todo caso sobre los diferentes y
legítimos intereses parciales de cualquier naturaleza que puedan
presentarse en el desempeño del cargo público; Diligencia y
coherencia en el cumplimiento de los compromisos asumidos
en el programa de gobierno que les corresponda desarrollar;
Colaboración y lealtad institucional en el desarrollo de las relaciones
interadministrativas; Transparencia patrimonial, a través de la
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