ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

Edgar Ramón Aguilera
EL PAPEL DE LAS VIRTUDES PÚBLICAS
perfectamente consciente de que, aun en ese caso, el yerro permanece latente).
Pero además, no es una habilidad que se ejercita intuitivamente sin necesidad
de explicación alguna. Al contrario, una faceta imprescindible de la sabiduría
práctica es la capacidad que confiere a su poseedor (en este caso, al juez) de
ofrecer razones, no sólo explicativas, sino justificativas, de su decisión. De ahí,
como dijimos, su importancia para las actividades judiciales de argumentación
o de fundamentación de decisiones (Amaya, 2013a: 21-22).
Ahora bien, la sabiduría práctica es una de las denominadas virtudes
“epistémicas”, entre las cuales figuran también, las de la “apertura de mente”,
la “humildad intelectual” (anteriormente referidas), la “autonomía intelectual”
y la “perseverancia”. Al lado de éstas, tenemos a las virtudes “morales” y a las
“institucionales”. Entre las primeras destacan la “honestidad”, la “imparcialidad”,
la “valentía”, la “templanza” y la “magnanimidad”. Y entre las segundas,
la capacidad de “consensar” y las propias del “buen comunicador”. Por
su parte, la sabiduría práctica también puede ser considerada una “metavirtud”
en la medida en que es la mediadora entre las demandas que al agente
le imponen virtudes diferentes. Dicha función mediadora implica entonces,
alcanzar el famoso “justo medio” aristotélico (Amaya, 2013a: 34-36).
Otras virtudes judiciales igualmente importantes (a la par de la
frónesis) son: La llamada “integridad judicial” o “fidelidad al derecho”, de
acuerdo con la cual, el juez lleva a cabo sus deliberaciones desde el punto de
vista de alguien que acepta las normas jurídicas que estructuran y constriñen
sus procesos de toma de decisión y que está dispuesto a guiar su conducta
conforme a tales pautas. Como sabemos, y esto tiene relación con el ejercicio
de la sabiduría práctica, la disposición en cuestión no tiene que ser definitiva
o concluyente, sobre todo en lo que respecta a las normas jurídicas sustantivas
que, en principio, son relevantes para el caso concreto. En suma, esta virtud
constituye una tendencia a darle al ordenamiento jurídico una genuina
oportunidad de que los asuntos sean resueltos con base en sus disposiciones;
una tendencia a no precipitarse en la determinación de que cierta norma
relevante no es aplicable sin más, ya que tal vez todavía pueda recurrirse a
una revisión más escrupulosa de los materiales jurídicos o a principios y/o
valoraciones de la finalidad o función de la o las normas en juego (Amaya,
2013a: 36).
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