ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN

ÉTICA PÚBLICA FRENTE A CORRUPCIÓN.
Instrumentos éticos de aplicación práctica
y políticas públicas de transparencia. Según Villalobos García, la primera se
refiere al papel del Estado en establecer mecanismos de control policiales para
prevenir la corrupción y recuperar el buen funcionamiento institucional de
la policía (Villalobos, 2007: 59-62). La segunda, de acuerdo a López Portillo
Vargas y Barrena Nájera (López et al, 2008: 13) y Villalobos García (Villalobos,
2007: 60) hace referencia a la participación ciudadana en el apremio al Estado
para diseñar e implementar políticas públicas de transparencia enfocadas a la
rendición de cuentas, generación de confianza ciudadana, y disminución de
corrupción policial. En este sentido, para ambos temas la literatura es amplia y
extensa (Ayala et al, 1978; López, 2000).
2. Combatiendo la corrupción de Arriba hacia Abajo
En el aspecto legislativo, la concepción clásica del combate a la corrupción en
México se asocia a los instrumentos jurídicos que se proveen al poder ejecutivo
para aplicar la ley. Aquí, apunta Ayala Anguiano y Martí, aun cuando la
creación de leyes contra la corrupción no es algo nuevo, pues desde 1939 se
tiene en México a la Ley de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados
de la Federación, estas a través del tiempo se han convertido en leyes del olvido
y por consiguiente en letra muerta (LRFEF, 1978: 23). Leyes van, leyes vienen, y
desde el punto de vista de Ayala Anguiano y Martí (Ayala et al, 1978), de nada
sirve tener las herramientas jurídicas de tipo coactivo y punitivo entregadas
por el legislativo al poder ejecutivo sí poco o nada se hace con su aplicación.
En otros casos, principalmente a nivel estatal y municipal, leyes
creadas para castigar la corrupción en sus diferentes formas son ignoradas
por ser poco aplicables en la práctica. Con este argumento Livas sostiene,
por ejemplo, que el combate a la corrupción en la modalidad de cohecho es
inefectivo pues las leyes inscritas en los Códigos Penales a nivel estatal son
difíciles de aplicar.
Porque la forma en que actualmente se define el cohecho,
tanto el que recibe el dinero como el que lo da, son penalmente
responsables del delito. Esto trae como consecuencia que ambas
personas, tanto autoridad como particular, forman una unidad en
el hecho delictuoso; en cierta forma los hace cómplices. Resultado:
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