Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe

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menor medida, por empresas privadas del mismo país o internacionales.
Esta última alternativa es actualmente la más difundida, en particular en el
sector de hidrocarburos, y es la que ha prevalecido en la mayoría de los países
en desarrollo. Esto se debe a la ventaja que ofrece al satisfacer la necesidad
de un mayor control estatal y defensa de la soberanía y, al mismo tiempo,
permitir el aprovechamiento de la mayor capacidad tecnológica y operativa
que generalmente poseen las empresas del sector privado.
Esta tendencia a la complementación entre empresas nacionales e
inversionistas privados se ha visto plasmada en la mayoría de los países
productores de la región. Los casos de Bolivia (Estado Plurinacional de) y
el Ecuador sobresalen en lo que se refiere a las alianzas estratégicas para
exploración y explotación en el sector de hidrocarburos. Algunos países de la
región aprobaron recientemente reformas legales que van en el mismo sentido.
Por ejemplo, la reforma energética de México (diciembre de 2013) implicó
un cambio fundamental en el manejo de los hidrocarburos, al establecer un
nuevo marco constitucional donde el Estado continúa siendo propietario
de los recursos que yacen en el subsuelo, pero abre la posibilidad para la
participación de inversionistas privados tanto en las actividades de exploración
y producción (upstream) como en las de refinación, petroquímica, transporte
y almacenamiento (downstream), de acuerdo con diversas modalidades de
contratación y licencias.
Además de la estrategia adoptada por cada país, que incluso puede
variar a lo largo del tiempo en virtud de factores internos y externos, el hecho
de que la propiedad de los recursos naturales no renovables corresponda al
Estado, la nación, las provincias, los pueblos o la república pone de relieve
la importancia de diseñar un régimen fiscal específico para asegurar la
apropiación estatal de una razonable porción de las rentas generadas en las
respectivas industrias extractivas 6 . De hecho, el conjunto de instrumentos
de recaudación aplicados sobre los recursos naturales no renovables suele
determinar, en gran medida, las tasas de inversión y de agotamiento de
dichos recursos, así como también los ingresos fiscales disponibles para
los gobiernos.
El diseño de un régimen fiscal sobre recursos no renovables suele
plantear una serie de desafíos en cuanto a los objetivos que se busca cumplir
con su implementación. El principal de estos objetivos es lograr un balance
entre la necesidad del gobierno de maximizar los ingresos fiscales derivados
de estos sectores y los incentivos que se ofrecen a los agentes privados para
garantizar su participación en las actividades de exploración y producción.
Si bien, en teoría, el gobierno podría extraer la totalidad de las rentas que
exceden a la tasa de rentabilidad normal de la inversión (teniendo en cuenta
el riesgo implícito y cubriendo la totalidad de los costos), esto encuentra un
6
Véase CEPAL (2014, cap. VI).