Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe

200 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Los conflictos relacionados con la explotación de los recursos naturales
suelen referirse a emprendimientos productivos de gran importancia
económica y pueden incluso trascender sus límites geográficos para adquirir
una dimensión internacional o regional. En términos generales, esta clase
de conflictos surge a partir de la decisión de explotar determinado recurso
natural en un área específica, con autorización de la autoridad política
competente. A ello suele sobrevenir el rechazo ex post facto por parte de las
comunidades afectadas, ya sea en el proceso de toma de decisiones, o bien
una vez que las acciones comienzan a materializarse. Con distintos matices,
esta dinámica parecería replicarse en todos los conflictos, independientemente
de su magnitud (Acuña, 2009, pág. 39).
Este tipo de conflictos se enmarca en el contexto de actividades
productivas vinculadas con los recursos naturales y la infraestructura y,
como se ha dicho, surge como consecuencia del choque entre distintas
expectativas con respecto al acceso a los recursos naturales y su uso, al
impacto ambiental de las actividades desarrolladas y a la distribución de la
renta generada por los emprendimientos productivos. En otras palabras, los
conflictos son la manifestación de una contradicción de intereses entre quienes
desempeñan un papel activo en el proceso de apropiación y transformación de
los recursos naturales y quienes resultan afectados por los efectos negativos
(en las personas y debido a la alteración real o potencial del medio ambiente)
(Spadoni, s/f).
Se trata de procesos de interacción con diferentes niveles de violencia
latente o manifiesta, que involucran a distintos actores como las empresas
privadas, las comunidades locales y los Estados (gobiernos nacionales,
subnacionales y locales) (Sabatini y Sepúlveda, 1997, pág. 10), a los que se
agrega la acción de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Por último, cabe señalar que la existencia de conflictos no necesariamente
supone una prognosis negativa respecto del desarrollo institucional y
económico de la región. Los conflictos no deben entenderse y tratarse como
meros fenómenos destructivos o disfuncionales, sino como catalizadores
de cambio, desarrollo y cohesión social. Este enfoque no solo permite su
superación; también hace posible que contribuyan a fomentar un desarrollo
más sostenible.
Los conflictos también pueden promover el fortalecimiento del sentido
de pertenencia a un grupo y el surgimiento de un sentido de comunidad y
responsabilidad, y facilitar la elaboración participativa de las políticas. Es
por ello que la conflictividad relacionada con la explotación de los recursos
naturales puede contribuir a la “creatividad institucional” favoreciendo, en
última instancia, el proceso de aprendizaje en el avance hacia un desarrollo
sostenible (Acuña y Schatz, 2014).