Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe

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tratamiento fiscal del sector minero es todavía muy incipiente en los países
de la región. Quizás la única excepción sea el contrato del proyecto Pueblo
Viejo, firmado por el Gobierno de la República Dominicana y Barrick Gold
Corporation. En este contrato se incorpora la condición de que, una vez que
el proyecto haya alcanzado la tasa interna de retorno del 10%, el Estado
comenzará a participar con un 28,75% en la utilidad neta. En combinación
con la regalía del 3,2% y el impuesto sobre la renta del 25%, este instrumento
aproximaría la participación del Estado dominicano a un 50% de los flujos
netos del proyecto en los años de operación.
No obstante lo expuesto, el contexto global actual parece imponer la
necesidad de ajustar o, al menos, revisar el diseño de los regímenes fiscales
aplicados, ante la posibilidad de que se prolongue la tendencia declinante que
se observa en los precios internacionales de los productos primarios desde
mediados de 2014, respecto de los valores registrados en años anteriores.
En los foros internacionales se ha venido enfatizando la importancia
de contar con instrumentos eficientes, que no solo eviten distorsionar las
decisiones de inversión y producción de las empresas privadas sino que,
además, permitan alcanzar un mayor grado de progresividad de los regímenes
fiscales en términos de apropiación estatal de las rentas económicas en
períodos de precios elevados. Sin embargo, ante la reversión del ciclo de
precios que se produjo entre 2003 y 2012 (con la interrupción que significó la
crisis financiera internacional), podría ser necesario poner más atención en
la revisión de aquellos mecanismos que aseguran un aporte mínimo al fisco,
como las regalías, los bonos de signatura y de producción, y los mecanismos
de participación estatal directa en las utilidades de las empresas privadas.
Esto no significa que no se pueda avanzar en ambas dimensiones. No
obstante, dada la elevada dependencia fiscal que varios países de la región
tienen respecto de la explotación de recursos naturales no renovables, la
reforma de los regímenes fiscales sobre las industrias extractivas debería
apuntar hacia una combinación de instrumentos que permita lograr dos
objetivos: asegurar un flujo relativamente estable de ingresos fiscales a
través de la captación de rentas derivadas de estos sectores y, de manera
complementaria, contribuir a generar condiciones razonables para la inversión
en las diferentes fases del ciclo económico, sobre la base de la estabilidad
del marco jurídico e institucional en el largo plazo.
Por otra parte, no siempre es posible (y, mucho menos, recomendable)
aplicar un enfoque común al tratamiento fiscal de los sectores de hidrocarburos
y minerales. En el caso de los países de América Latina, a pesar de la aparente
similitud de los ciclos de precios que exhibieron esos productos, pueden
identificarse marcadas diferencias entre ambos sectores en los períodos
anterior y posterior a la crisis de 2008 y 2009, que deben tenerse presentes
en los análisis específicos.