Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe

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f) Escasa participación
La escasa participación es muchas veces una de las principales
causas de la debilidad de la gobernabilidad hídrica en la región. La falta de
representatividad de las instituciones y su control por grupos de presión con
acceso privilegiado hacen que la legitimidad y efectividad de las decisiones
dependan cada vez más del acuerdo de los sujetos afectados, lo cual aumenta
sensiblemente la cantidad de situaciones conflictivas.
Uno de los problemas más relevantes frente a la inercia administrativa o
la toma de decisiones inadecuadas es que en general los miembros del público
tienen problemas para acreditar su legitimidad en los procesos relacionados
con la gestión del agua. La falta de vías institucionales de participación real
para sujetos no considerados por la legislación como usuarios de las aguas
en sentido estricto constituye una fuente de conflictos. Estos sujetos, que no
revisten la condición de usuarios formales y entre los cuales se encuentran
la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y los usuarios no
reconocidos, quedan al margen de los mecanismos institucionalizados
de participación.
Aunque se han observado avances en la ampliación de los mecanismos
participativos, persiste la limitación de que los mecanismos de participación
para no usuarios (como audiencias públicas, documentos de consulta o
constitución de mesas del agua) se perfilan —tanto legalmente como en la
práctica— como instancias meramente legitimadoras, más que auténticos
canales de intervención con posibilidades de incidir en la toma de decisiones.
El carácter no vinculante de las consultas y la mera presencia en audiencias
o en órganos consultivos hace que la participación se perciba como
testimonial y no como el auténtico canal para influir en los resultados de los
procesos decisorios.
Algunos de los problemas que aún existen en el acceso de los
usuarios y del público a los sistemas de toma de decisiones vinculadas con
el agua son los siguientes: i) condiciones sociales que lo restringen en la
práctica; ii) elenco limitado de temas en los que el público y los usuarios
pueden intervenir; iii) defectos en el contenido y la oportunidad de la
información que se proporciona al público; iv) ausencia de mecanismos
alternativos y capacidad de decisión final cuando la participación no llega
a conclusiones oportunas, tanto desde el punto de vista de la sustancia
como del tiempo; v) control de las entidades de usuarios por grupos o
sectores que las utilizan en provecho propio; vi) deficientes controles
estatales; y vii) desconocimiento de que no solo los titulares de derechos
y los usuarios de las aguas pueden tener intereses legítimos vinculados
al recurso.