Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe

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Entre otras modificaciones, también se contempló una reestructuración de la
empresa estatal PEMEX con el fin de dotarla de mayor autonomía y consolidar
su posición como organismo productivo (y no meramente descentralizado)
del Estado 33 . De manera complementaria, se planteó un nuevo régimen
fiscal para dicha empresa, caracterizado por la modalidad de “Asignación”
y plasmado en áreas distribuidas a PEMEX en la Ronda 0. Este régimen
comprende, por primera vez, la obligación de pagar el impuesto sobre la
renta y una adecuación de los derechos aplicados sobre los hidrocarburos
para asimilar su tratamiento fiscal al que reciben otras empresas petroleras
en el resto del mundo.
En el sector minero, en virtud de las crecientes necesidades financieras
del Gobierno mexicano, se introdujeron a fines de octubre de 2013 tres
nuevos cobros al régimen de derechos mineros: i) el derecho especial sobre
minería, que equivale a un 7,5% sobre el valor de los ingresos reportados por
las empresas mineras después de deducciones; ii) el derecho extraordinario
sobre minería, que corresponde a un 0,5% sobre el valor de los ingresos
reportados por las mineras para concesiones que extraen metales preciosos
(oro, plata y platino), y iii) el derecho adicional sobre minería, como castigo
para concesiones mineras que permanezcan ociosas por dos años, a las que
se exige el pago del 50% o el 100% (según la antigüedad de la concesión) del
máximo pago semestral del tabulador del derecho minero cobrado sobre
la base de la superficie de las concesiones (actualmente de 129,24 pesos por
hectárea). Además, el gobierno federal incluyó un mecanismo para que, de la
suma de los recursos recaudados por estos tres derechos, el 80% se distribuya
directamente entre las municipalidades y entidades federativas donde existe
actividad minera, como compensación por los perjuicios que esta ocasiona.
De este subtotal, el 62,5% tiene como destino los municipios y el 37,5% las
entidades federativas, montos que se reparten proporcionalmente según el
valor de la producción minera de cada entidad.
El Ecuador, por su parte, promulgó a mediados de 2013 una reforma
minera con el propósito central de aumentar tanto la inversión en el país,
especialmente en proyectos de pequeñas y medianas empresas, como la
contribución fiscal del sector. En un cambio impulsado a partir del conflicto
con una empresa multinacional (Kinross), el gobierno de ese país modificó el
impuesto sobre las utilidades extraordinarias —con una tasa del 70%— para
que se aplique una vez que el concesionario haya recuperado la totalidad
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La reforma energética comprendió un amplio paquete de medidas (insertadas en la Constitución),
que no solo creó nuevos organismos públicos para mejorar la gestión de los hidrocarburos,
sino que también redefinió y asignó nuevas atribuciones a entidades ya existentes, como la
Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.