Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe

144 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
los costos de financiamiento y los niveles de retención y otros impuestos
sobre las remesas pagadas, así como sobre el grado en que estos se pueden
recuperar contra otras cargas fiscales en otros países.
Por ello, los aspectos más relevantes en materia de tributación
internacional adquieren una relevancia notable en estos sectores. Un caso
representativo es el de los precios de transferencia entre empresas vinculadas,
que pueden dar lugar a estrategias de manipulación de utilidades hacia
jurisdicciones o países con menor carga relativa efectiva (generalmente
observables a través de precios implícitos derivados de las exportaciones
registradas muy por debajo de los precios internacionales vigentes). Aunque
escapan al alcance de este trabajo, también pueden mencionarse otros
desafíos usuales en términos de administración tributaria para las empresas
mineras y petroleras, como los criterios de valuación contable de los recursos
naturales, las reglas aplicadas para el tratamiento de los gastos de capital y
el pago de intereses utilizando las normas para evitar su excesiva deducción.
Esto se conoce como “capitalización débil”: el tratamiento de instrumentos
financieros híbridos y otros mecanismos para reducir el pago de impuestos
en el país de producción.
Esta serie de cuestiones relacionadas con la amplia diversidad de
instrumentos disponibles para gravar los sectores de recursos naturales no
renovables ha puesto en evidencia la mayor complejidad de los regímenes
fiscales actuales y la necesidad de prestar más atención al seguimiento de
los costos, a los precios y las operaciones financieras, y a la transparencia
en general.
En este sentido, una importante innovación en los últimos años ha sido
el establecimiento de normas internacionales sobre la explotación de recursos
no renovables. Si bien en la actualidad existen varias normas de este tipo
(Corbacho, Fretes Cibils y Lora, 2013), la Iniciativa para la Transparencia de
las Industrias Extractivas probablemente sea la más destacada en este sector,
al proporcionar un marco para que los gobiernos, el sector privado y otros
interesados puedan obtener información y participar en decisiones relativas
a la extracción de los recursos naturales. La Iniciativa para la Transparencia
de las Industrias Extractivas publica los pagos recibidos por los gobiernos
y realizados por las industrias extractivas (minería, petróleo y gas) en los
países miembros que voluntariamente se han adherido a esta organización.
A diciembre de 2015, eran 31 países miembros, entre los que se encuentran
el Perú (desde febrero de 2012), Guatemala (desde marzo de 2014) y Trinidad
y Tabago (desde diciembre de 2015), y 20 países candidatos a cumplir con
dichos estándares de transparencia, incluidos Honduras (desde mayo de
2013) y Colombia (desde octubre de 2014).
En definitiva, los elementos específicos que componen un régimen
fiscal especialmente diseñado para las industrias extractivas son muy