Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe

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es suficiente, pues se debe encarar el problema de la falta de eficacia de las
regulaciones, que es una constante en la región.
b) Falta de capacidad para aplicar los marcos normativos
El mayor déficit regional se encuentra en la debilidad de los gobiernos
para llevar a la práctica los marcos normativos imperfectos. Esta debilidad
estructural se explica en parte por la inexperiencia de los Estados y su proceso
histórico de dependencia, y también por la extraordinaria prédica de la
ideología dominante durante el proceso de reformas del Estado durante la
década de 1990. Esto incluye problemas financieros y de endeudamiento, que
a veces les impiden mantener las condiciones mínimas de gobernabilidad
en el plano interno e incluso controlar efectivamente buena parte de su
territorio, y los vuelve permeables al condicionamiento de sus políticas por
parte de organismos internacionales y empresas multinacionales.
c) Debilidad de las autoridades nacionales de aguas
En algunos casos, existe cierta debilidad de las autoridades de aguas
debido a la carencia de independencia, presupuesto o capacidades requeridas
para la tarea encomendada. Las reformas legislativas de la última década
han creado organismos dedicados exclusivamente a la gestión del agua. Esto
supone un avance, pues facilita las condiciones para un proceso de toma
de decisiones más objetivo, fomenta la eficiencia y la efectividad, aumenta
la posibilidad de demandar rendición de cuentas, y contribuye a evitar la
descoordinación entre las autoridades al existir un solo responsable. No
obstante, dista mucho de ser suficiente si no va acompañado de efectivas
medidas de implementación, financiamiento, monitoreo y seguimiento.
La falta de registros y catastros debidamente actualizados o
medianamente completos y de información hídrica de calidad también
contribuye a la debilidad estructural de las instituciones que deben administrar
un recurso cuya realidad fáctica y jurídica muchas veces desconocen total
o parcialmente.
La legislación deficiente aumenta el ámbito discrecional de la actividad
estatal, en particular cuando las autoridades de aguas presentan cierto grado
de debilidad, de manera que prevalece el criterio político del gobierno de
turno —y no la normatividad preexistente— en la administración y gestión
del recurso.
El papel del Estado o la autoridad de aguas antes, durante y después
del conflicto es un elemento clave para su desenlace y evolución. Si bien el
conflicto normalmente tiene como protagonistas a distintos tipos de usuarios
o a las comunidades locales afectadas, el papel desempeñado por el Estado
suele ser determinante. La omisión estatal en la aplicación recta y efectiva
de la norma y, en especial, la debilidad de su potestad sancionadora, tiende