Hacia una nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina y el Caribe

248 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
menos realista. El problema se ha vuelto más complejo y multisectorial, lo
que hace imperativo disponer de una mirada más amplia, anticipándose a
las demandas de las comunidades. Es preciso encontrar un equilibrio básico,
que asegure el respeto a los derechos de las comunidades y no obstaculice
las inversiones, el desarrollo y el cuidado de la naturaleza. Es crucial para
el futuro de las actividades extractivas encontrar y desarrollar el vínculo
adecuado entre las actividades extractivas y los derechos de las comunidades
y de los pueblos indígenas. Se puede afirmar que se ha avanzado mucho al
respecto y, en ese sentido, cabe resaltar el esfuerzo de diversos organismos
de las Naciones Unidas que han actuado en el proceso de elaboración de
principios y directrices para lograr dicho vínculo. Sin embargo, no todo está
resuelto. En primer lugar, se debe cumplir con los estándares internacionales
que exigen los estudios de impacto social y ambiental como una de las
garantías específicas de los pueblos indígenas, así como la conservación y
la protección del medio ambiente como un derecho fundamental de toda
la sociedad. Existe evidencia de que incorporar buenas prácticas antes del
inicio de cualquier proyecto, durante su ejecución y después de su cierre
constituye un elemento crucial para mitigar o, en el mejor de los casos,
eliminar los impactos ambientales o sociales negativos que puedan generar
las actividades extractivas. Cumplir con estos principios y directrices
facilitaría la adecuada gobernanza de los recursos naturales en concordancia
con los derechos humanos y la democracia. Además de la incorporación
de estos principios, ahora se impone una verdadera implementación
de dichas prácticas, proceso para el cual no existen aún en la región
demasiados datos, ejemplos o experiencias de casos relevantes de los
últimos años.
Para avanzar con celeridad en las rutas planteadas, la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su trigésimo quinto
período de sesiones (celebrado en Lima, en 2014), planteó la necesidad de
construir pactos sociales y pactos fiscales que aporten un mayor efecto
redistributivo y que consoliden una institucionalidad más acorde con los
derechos sociales. Con estos pactos no se busca reemplazar la ley, sino
que, al contrario, ellos están diseñados para fortalecerla y revestirla de una
mayor legitimidad social, que es precisamente la carencia más acentuada
de las instituciones políticas tradicionales de América Latina y el Caribe. El
diálogo y el consenso que se buscan con estos pactos son componentes básicos
para fortalecer el rol que tiene el Estado e imprimen a las políticas públicas
y a las reformas institucionales orientaciones que responden a demandas
y aspiraciones de la propia sociedad, ampliando sus miras y evitando así
que la agenda del desarrollo dependa de intereses comerciales, económicos
o financieros particulares. Dichos pactos cumplen un rol fundamental
para este fin y para fortalecer el reconocimiento del Estado como eje de ese
cambio estructural. Se trata de un instrumento necesario para ampliar el